El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al exconcejal  de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, que en abril de 2013 denunció el robo de un ordenador en el que guardaba correos electrónicos sobre supuestos favores que el exalcalde de este municipio Jesús Sepúlveda (PP) habría realizado a favor de la trama 'Gürtel'.

   Así consta en un auto en el que el instructor solicita numerosa documentación al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y dos de sus empresas municipales sobre los contratos que suscribió con la red y acuerda volver a citar a partir del 30 de mayo a otros siete imputados, entre ellos el exalcalde de la localidad Guillermo Ortega.

   El magistrado destaca la "posible intervención" de Fernández Rodríguez, que declaró como testigo el 25 de abril de 2013, en los delitos investigados en la causa. Según la Fiscalía, el exedil "habría firmado por delegación del alcalde", en referencia a Sepúlveda,  distintas contrataciones cuya regularidad es objeto de investigación en esta causa".

   Además, habría sido hasta enero de 2005 "el encargado de autorizar, aprobar y dar la conformidad a pagos de determinado servicios gestionados por el Ayuntamiento", entre ellos los referidos a "compra de mobiliario por distintas concejalías". Algunos de ellos, según el auto, "podrían haber sido divididos artificialmente con el fin de reducir su importe y eludir el correspondiente procedimiento de contratación".

   Fernández Rodríguez, que ocupó la Concejalía de Hacienda entre los años 2003 y 2007, aseguró en su comparecencia ante el juez del año pasado que en los supuestos mensajes que le habían robado el exalcalde de Pozuelo daba indicaciones a diferentes responsables municipales y miembros de la mesa de contratación para adjudicar determinados concursos a las empresas de Francisco Correa.

   El exedil, que también denunció que había sufrido amenazas de muerte por la calle durante la instrucción del 'caso Gürtel', dejó plantado el 2 de abril al juez Ruz argumentando que no tenía recursos para pagarse el desplazamiento hasta la Audiencia Nacional desde Galicia, donde residía. El magistrado le había citado  a declarar después de que éste llamara a la Audiencia Nacional para aportar documentación sobre la casua y después se arrepintiera y se negara a declarar ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

DECLARACIONES Y DOCUMENTACIÓN

   Al igual que ha hecho con los presuntos cabecillas de la red 'Gürtel', Ruz vuelve a citar en su auto a otros siete imputados para que realicen las alegaciones que consideren oportunas antes de que finalice la instrucción. La primera en declarar el próximo día 30 de  mayo será Carmen García Moreno, que habría prestado su empresa Doble M para que funcionara como "sociedad pantalla" de otra de Correa en la adjudicación del Congreso de Parques y Jardines (PARJAP) de Pozuelo. Ese mismo día comparecerá como testigo la exconcejal de Pozuelo Yolanda Estrada.

   El 4 de junio están citados en la Audiencia Nacional los exconcejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno, cuyo testimonio y grabaciones inició la investigación; el día 5 el exalcalde de la localidad Guilermo Ortega y la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y el día 6 el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente y el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote.

EXPEDIENTES BAJO SOSPECHA

   En relación con la documentación solicitada en el auto, Ruz reclama al Ayuntamiento de Majadahonda todos los gastos tramitados entre 2001 a 2004 bajo el concepto de "anticipo de caja fija", la identificación de los pagadores de estos servicios y las órdenes o acuerdos de delegación de competencia en materia de contratación que estuvieron vigentes desde 2001 hasta 2005.

   También reclama los expedientes sobre dos obras llevadas a cabo en el Ayuntamiento (el Salón de Plenos y las Casas de Cultura) y cinco actos organizados en esas fechas, así como las operaciones que la Administración local, el Patronato Monte del Pilar y la empresa Patrimonio Municipal de Majadahonda (PAMMASA) llevaron a cabo con una decena de empresas investigadas en el procedimiento.