Martes, 05 de agosto de 2025
En concreto, consideran que "no pueden tener cobertura alguna los muy reprobables comportamientos que se están produciendo en algunas universidades, como por ejemplo las agresiones a los miembros de la asociación S'ha Acabar o a profesores en las universidades catalanas
PP, Cs y Vox quieren blindar actos constitucionalistas en universidades catalanas fijando como falta muy grave su boicot
Desde el PP, proponen que se considere falta muy grave "cualquier tipo de acción organizada con el fin de intimidar, perseguir o impedir actividades universitarias por razones meramente ideológicas". Según los 'populares', "no puede ignorarse tampoco la discriminación por razón ideológica en la Universidad ni cabe omitir respuesta ante todas aquellas acciones y actitudes contrarias a los niveles de respeto que deben exigirse en una sociedad democrática, y con mayor motivo, en los campus universitarios".
En concreto, consideran que "no pueden tener cobertura alguna los muy reprobables comportamientos que se están produciendo en algunas universidades, como por ejemplo las agresiones a los miembros de la asociación S'ha Acabar o a profesores en las universidades catalanas, pero también las agresiones verbales a profesores o conferenciantes o el boicot a la celebración de conferencias por motivos ideológicos en distintos campus del sistema universitario español".
Los de Pablo Casado también han presentado enmiendas para que se incluya una nueva falta grave: "filtrar actuaciones, informe o documentos de cualquier clase de los que se tiene conocimiento o a los que se ha tenido acceso por participar en la Comisión de convivencia o en los procedimientos disciplinarios y de mediación". Y sugieren que las sanciones por la comisión de una falta muy grave o grave sí puedan afectar a los derechos relativos a las becas.
Las enmiendas de Cs también van dirigidas a proteger a los no independentistas en las universidades de Cataluña. En su caso, han registrado enmiendas para incorporar siete nuevas acciones consideradas como faltas muy graves, dos de ellas relacionadas con esta situación.
Estas son: "impedir por la vía de la fuerza la celebración de actos por parte de las asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el registro de la Universidad" e "impedir por vía de la fuerza la celebración de actos por parte de partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones legales que hayan sido autorizados por la Universidad". En cualquier caso, Cs hace distinción del tipo de falta en función de si hay violencia o no, pues si estas acciones se realizaran sin el uso de la fuerza, se considerarían faltas graves, no muy graves.
Asimismo, quieren que sean consideradas faltas muy graves acciones como "la distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el ámbito universitario" o "la reincidencia o reiteración de tres infracciones graves". Cs también apuesta por castigar la reincidencia en la comisión de faltas de menor gravedad, pues piden que "la reincidencia o reiteración de tres infracciones leves" sea considerado como una falta grave.
Y con respecto a las sanciones, Cs va más allá, reclamando que, en aquellos supuestos en que se produzcan daños graves al patrimonio universitario o a terceros durante reuniones o manifestaciones promovidas por alguna asociación universitaria, los organizadores perderán el derecho a recibir cualquier tipo de ayuda económica por parte de la Universidad por un periodo de dos años.
Otra modificación que quieren los 'naranjas' con respecto al proyecto de Ley del Gobierno es que se considere también falta grave el posicionamiento ideológico del profesorado con respecto a materias ajenas a la universidad, como la adhesión a manifiestos independentistas.
"La elaboración o apoyo, mediante votación o firma, de comunicaciones que se hagan públicas sobre una materia que la Universidad no tenga competencia en el marco del desarrollo de la actividad de los órganos colegiados de la Universidad, será sancionado como falta grave", propone Cs por un lado, que precisa también que será considerada falta grave "la elaboración y publicación de comunicaciones en relación a materias no encuadrables en el marco de las competencias de la Universidad por parte de los órganos de gobierno de carácter unipersonal".
También Vox ha registrado enmiendas en la misma línea que PP y Cs. Así, quieren que constituya una falta muy grave "realizar actos que atenten gravemente contra el prestigio y la autoridad del profesorado" o "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento, así como de aquellas que se realicen en los centros universitarios o sus instalaciones en ejercicio de las libertades de expresión, reunión, ideología y pluralismos políticos y con pleno respeto a los valores constitucionales".
Al igual que el PP, los de Santiago Abascal justifican esta medida en que "es sobradamente conocida la violencia a la que fueron sometidos distintos miembros de la organización S'ha Acabat, entre los que se encontraba el catedrático de Derecho don Rafael Arenas García, cuando intentaban expresar sus ideas en una carpa informativa instalada en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona".
Además de esto, quieren que sea falta muy grave el "publicar investigaciones basadas en datos falsos o inexistentes o, en general, realizar actos que vulneren la ética científica". Y también quieren penar la reincidencia, como Cs, al proponer como falta muy grave "la comisión reiterada de dos o más faltas graves". En el caso de "la comisión reiterada de dos o más faltas leves", se estaría ante una falta grave.
Sobre las sanciones, Vox quiere endurecerlas, pues para las faltas muy graves, pide que el infractor sea expulsado de la universidad por un mínimo de un año (en lugar de dos meses como dice el proyecto) y por un máximo de un año en el caso de cometer una falta grave (en vez de como mucho un mes).
En ambos casos, la formación propone que esta sanción vaya acompañada de la "pérdida definitiva de los derechos de beca o de cualesquiera otros beneficios de carácter público concedidos por la propia universidad de que el estudiante estuviera disfrutando". Asimismo, este grupo aboga por aumentar el plazo de prescripción de las faltas muy graves (de tres años, como recoge el proyecto, a diez años) y de las faltas graves (tres años en lugar de dos años).
Y en un caso concreto, Vox propone todavía más endurecimiento de las sanciones: cuando se comete plagio o fraude académico en la elaboración del TFG, TFM o Tesis Doctoral, ya considerado como falta muy grave en el proyecto de Ley. En concreto, Vox pide para estos casos la "retirada del título de Grado, Máster o Doctor, según corresponda".
Por último, la formación de Abascal ha registrado una enmienda para que la ley no solo sea aplicable a la comunidad universitaria. También quieren que "excepcionalmente", la ley sea de aplicación "a quienes, no formando ya parte de la comunidad universitaria, hayan cometido una infracción de las calificadas como muy graves".
De este modo, creen que se daría cobertura a aquellos casos en que el descubrimiento del fraude, sobre todo en casos de plagio de TFG, TFM o Tesis, se produce con posterioridad al paso del estudiante por la universidad y al plazo de prescripción de la falta.
"En España, el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha sido acusado de plagio por su tesis 'Innovaciones de la diplomacia económica española', calificada como 'apta cum laude' por una universidad privada", justifican.
Desde el PP, proponen que se considere falta muy grave "cualquier tipo de acción organizada con el fin de intimidar, perseguir o impedir actividades universitarias por razones meramente ideológicas". Según los 'populares', "no puede ignorarse tampoco la discriminación por razón ideológica en la Universidad ni cabe omitir respuesta ante todas aquellas acciones y actitudes contrarias a los niveles de respeto que deben exigirse en una sociedad democrática, y con mayor motivo, en los campus universitarios".
En concreto, consideran que "no pueden tener cobertura alguna los muy reprobables comportamientos que se están produciendo en algunas universidades, como por ejemplo las agresiones a los miembros de la asociación S'ha Acabar o a profesores en las universidades catalanas, pero también las agresiones verbales a profesores o conferenciantes o el boicot a la celebración de conferencias por motivos ideológicos en distintos campus del sistema universitario español".
Los de Pablo Casado también han presentado enmiendas para que se incluya una nueva falta grave: "filtrar actuaciones, informe o documentos de cualquier clase de los que se tiene conocimiento o a los que se ha tenido acceso por participar en la Comisión de convivencia o en los procedimientos disciplinarios y de mediación". Y sugieren que las sanciones por la comisión de una falta muy grave o grave sí puedan afectar a los derechos relativos a las becas.
Las enmiendas de Cs también van dirigidas a proteger a los no independentistas en las universidades de Cataluña. En su caso, han registrado enmiendas para incorporar siete nuevas acciones consideradas como faltas muy graves, dos de ellas relacionadas con esta situación.
Estas son: "impedir por la vía de la fuerza la celebración de actos por parte de las asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el registro de la Universidad" e "impedir por vía de la fuerza la celebración de actos por parte de partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones legales que hayan sido autorizados por la Universidad". En cualquier caso, Cs hace distinción del tipo de falta en función de si hay violencia o no, pues si estas acciones se realizaran sin el uso de la fuerza, se considerarían faltas graves, no muy graves.
Asimismo, quieren que sean consideradas faltas muy graves acciones como "la distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el ámbito universitario" o "la reincidencia o reiteración de tres infracciones graves". Cs también apuesta por castigar la reincidencia en la comisión de faltas de menor gravedad, pues piden que "la reincidencia o reiteración de tres infracciones leves" sea considerado como una falta grave.
Y con respecto a las sanciones, Cs va más allá, reclamando que, en aquellos supuestos en que se produzcan daños graves al patrimonio universitario o a terceros durante reuniones o manifestaciones promovidas por alguna asociación universitaria, los organizadores perderán el derecho a recibir cualquier tipo de ayuda económica por parte de la Universidad por un periodo de dos años.
Otra modificación que quieren los 'naranjas' con respecto al proyecto de Ley del Gobierno es que se considere también falta grave el posicionamiento ideológico del profesorado con respecto a materias ajenas a la universidad, como la adhesión a manifiestos independentistas.
"La elaboración o apoyo, mediante votación o firma, de comunicaciones que se hagan públicas sobre una materia que la Universidad no tenga competencia en el marco del desarrollo de la actividad de los órganos colegiados de la Universidad, será sancionado como falta grave", propone Cs por un lado, que precisa también que será considerada falta grave "la elaboración y publicación de comunicaciones en relación a materias no encuadrables en el marco de las competencias de la Universidad por parte de los órganos de gobierno de carácter unipersonal".
También Vox ha registrado enmiendas en la misma línea que PP y Cs. Así, quieren que constituya una falta muy grave "realizar actos que atenten gravemente contra el prestigio y la autoridad del profesorado" o "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento, así como de aquellas que se realicen en los centros universitarios o sus instalaciones en ejercicio de las libertades de expresión, reunión, ideología y pluralismos políticos y con pleno respeto a los valores constitucionales".
Al igual que el PP, los de Santiago Abascal justifican esta medida en que "es sobradamente conocida la violencia a la que fueron sometidos distintos miembros de la organización S'ha Acabat, entre los que se encontraba el catedrático de Derecho don Rafael Arenas García, cuando intentaban expresar sus ideas en una carpa informativa instalada en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona".
Además de esto, quieren que sea falta muy grave el "publicar investigaciones basadas en datos falsos o inexistentes o, en general, realizar actos que vulneren la ética científica". Y también quieren penar la reincidencia, como Cs, al proponer como falta muy grave "la comisión reiterada de dos o más faltas graves". En el caso de "la comisión reiterada de dos o más faltas leves", se estaría ante una falta grave.
Sobre las sanciones, Vox quiere endurecerlas, pues para las faltas muy graves, pide que el infractor sea expulsado de la universidad por un mínimo de un año (en lugar de dos meses como dice el proyecto) y por un máximo de un año en el caso de cometer una falta grave (en vez de como mucho un mes).
En ambos casos, la formación propone que esta sanción vaya acompañada de la "pérdida definitiva de los derechos de beca o de cualesquiera otros beneficios de carácter público concedidos por la propia universidad de que el estudiante estuviera disfrutando". Asimismo, este grupo aboga por aumentar el plazo de prescripción de las faltas muy graves (de tres años, como recoge el proyecto, a diez años) y de las faltas graves (tres años en lugar de dos años).
Y en un caso concreto, Vox propone todavía más endurecimiento de las sanciones: cuando se comete plagio o fraude académico en la elaboración del TFG, TFM o Tesis Doctoral, ya considerado como falta muy grave en el proyecto de Ley. En concreto, Vox pide para estos casos la "retirada del título de Grado, Máster o Doctor, según corresponda".
Por último, la formación de Abascal ha registrado una enmienda para que la ley no solo sea aplicable a la comunidad universitaria. También quieren que "excepcionalmente", la ley sea de aplicación "a quienes, no formando ya parte de la comunidad universitaria, hayan cometido una infracción de las calificadas como muy graves".
De este modo, creen que se daría cobertura a aquellos casos en que el descubrimiento del fraude, sobre todo en casos de plagio de TFG, TFM o Tesis, se produce con posterioridad al paso del estudiante por la universidad y al plazo de prescripción de la falta.
"En España, el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha sido acusado de plagio por su tesis 'Innovaciones de la diplomacia económica española', calificada como 'apta cum laude' por una universidad privada", justifican.
Columnistas
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