La semana pasada, otro juez del condado, Wendell Griffen, emitió una orden prohibiendo al estado suministrar la inyección que estuviera fabricada con sus suministro de este fármaco, debido a su adquisición presuntamente fraudulenta.

Entonces, la principal farmacéutica del estado acudió al tribunal para explicar que el estado de Arkansas había adquirido el bromuro de vecuronio, un bloqueador neuromuscular, utilizando pretextos falsos, informó el pasado viernes 'The New York Times'.

Cuatro empresas farmacéuticas han planteado públicamente sus preocupaciones sobre cómo el departamento de Correccionales del estado ha estado adquiriendo los fármacos necesarios para elaborar la inyección letal --conformada por un anestésico (midazolam), un agente paralizante (bromuro de vecuronio) y cloruro de potasio, que es el componente que finalmente provoca que se detenga el corazón y cause la muerte--.

No obstante, sólo una de ellas, McKesson, había presentado una acusación explícita de engaño contra el estado. Según la firma, Arkansas ha comprado 10 cajas de este paralizante, aunque "nunca desveló el propósito" de su compra, según ha explicado el abogado de la compañía, Ethan Posner.

Según ha informado el portal de noticias Arkansas Online, McKesson presentó este martes una queja formal en el tribunal del condado exigiendo una moratoria en el uso del producto "para evitar que se utilizara para un propósito médico no legítimo".

Este miércoles por la tarde, tanto el director del Departamento de Correccionales del estado como el subdirector del centro han testificado. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la magistrada ha decidido continuar con el bloqueo de las ejecuciones.

La fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, y el gobernador del estado, Asa Hutchinson, prometieron esta semana que continuarían con los ajusticiamientos de presos previstas para abril, después de que el Tribunal Supremo estatal suspendiera dos de las ocho polémicas ejecuciones.

POLÉMICA CON LAS EJECUCIONES*
En un principio, Arkansas tenía previsto ejecutar a ocho condenados a muerte, cuatro negros y cuatro blancos, identificados como Bruce Ward, Kenneth Williams, Jack Harold Jones, Jason McGehee, Stacey Johnson, Don Williamson Davis, Marcel Williams y Ledell Lee.

El Gobierno estatal quiere llevarlas a cabo antes de que acabe el mes, cuando caduca uno de los tres fármacos utilizados en la fabricación de la inyección letal.

El suministro de midazolam de que dispone Arkansas caduca este mismo mes y se ha empleado en un buen número de ejecuciones por inyección letal, un procedimiento con un alto grado de inexactitud. Sus críticos argumentan que el midazolam es un sedante, no un anestésico, y por lo tanto no anula completamente el dolor que sienten los condenados durante la última y definitiva ronda de inyecciones.

Las compañías farmacéuticas han restringido su distribución y alguno estados directamente no encuentran ya suministros.

Esto se suma a la reclamación de McKesson, que sostiene que el estado "adquirió los productos con una cuenta que se abrió bajo una licencia médica válida de un médico de Arkansas, lo que supone, implícitamente, que los productos adquiridos sólo iban a utilizarse con un propósito médico legítimo".

La compañía ha confirmado la autenticidad de esta carta, que el abogado de McKesson envió a dos altos cargos del Estado, y a la que 'The New York Times' ha tenido acceso.

El estado tenía programadas dos ejecuciones para el lunes por la noche, dos para el 20 de abril (este jueves), otras dos para el 24 de abril y una más el 27. Los ocho condenados forman parte del grupo de 34 presos que aguarda en el corredor de la muerte en Arkansas, donde la pena capital permanece suspendida desde 2005 por la dificultad para obtener las drogas empleadas en los ajusticiamientos.

INYECCIÓN LETAL

La polémica sobre la inyección letal ha estado presente durante los últimos años en Estados Unidos. Hasta 2010, la mayor parte de los estados habían utilizado para elaborar la inyección letal esta mezcla de tres fármacos.

La falta de componentes para realizar las inyecciones es el principal problema al que se enfrentan en las prisiones estadounidenses a la hora de preparar las ejecuciones.

La principal empresa estadounidense que fabricaba el anestésico, tiopentato de sodio, detuvo su producción hace ahora casi seis años y poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de componentes que pudieran ser utilizados para aplicar la pena capital, entre ellas el mayor fabricante del pentobarbital, un barbitúrico utilizado habitualmente para realizar eutanasias.

Sin embargo, muchos estados han adoptado nuevos métodos, como por ejemplo, optar por un único medicamento. Entre estos se encuentran diferentes dosis letales de sedantes como el pentobarbital; o dosis mortales de anestésicos, como el propofol; aunque también se ha recurrido a combinar dos fármacos diferentes, principalmente con el midazolam, una benzodiacepina utilizada como ansiolítico.

Durante los últimos años los diferentes estados han estado utilizando combinaciones diferentes para obtener sus inyecciones letales, aunque muchos todavía no las han utilizado. Es complicado acceder a las farmacéuticas a las que compran los componentes e incluso conocer las cantidades de compuestos que llevan las inyecciones letales, ya que son diferentes en cada estado.