Además, han advertido, a través de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), de que el texto es "un ataque a los Derechos Humanos" y de que "los cristianos y los grupos religiosos no reconocidos tendrán muchas dificultades con la nueva ley suprema".

   En este sentido, han manifestado su "profunda decepción" con la Constitución pues, según indican, el nuevo documento "solo salvaguarda los derechos de los musulmanes extremistas y entraña un especial riesgo para las mujeres, los jóvenes y las minorías religiosas".  

  "Esperábamos una Constitución que representara a todo Egipto, pero en su lugar tenemos ahora una que solo representa a un grupo de personas", ha indicado monseñor Kyrillos William, al tiempo que ha precisado que "en todas partes" del texto "se encuentran cláusulas, según las cuales todo ha de hacerse de acuerdo con la ley islámica".  

  Concretamente, los obispos se han mostrado "preocupados" por que la constitución "obligue a las mujeres no musulmanas a vestir el velo islámico y legitime el matrimonio de muchachas menores de edad", ya que, de acuerdo con la sharía, la constitución permite contraer matrimonio a mujeres "sexualmente maduras".  

  Para monseñor Joannes Zakaria, "los islamistas quieren aplicar la Sharía en particular en lo referente a las mujeres" lo que, a su juicio, es "muy malo" para ellas y para los no musulmanes dentro de la sociedad. Según ha añadido, esta insistencia en la Sharía "socava la credibilidad del artículo 3 de la constitución, que asegura los derechos de cristianos y judíos en igualdad con los musulmanes".   

 Además, Zakaria, que reconoce la mano de "musulmanes fundamentalistas" en la redacción del texto constitucional, ha añadido que "si en la época de Mubarak ya era difícil obtener permisos para reparar iglesias, ahora será aún más difícil" y más todavía para los musulmanes chiítas, la religión Bahái, los budistas y otros grupos religiosos, "que ni siquiera están reconocidos en la constitución".

   En señal de protesta contra estos contenidos islámicos, la Iglesia ortodoxa copta abandonó, en abril de 2012, las negociaciones en torno a la constitución, decisión en la que le siguieron los representantes de los católicos coptos y de los protestantes y más tarde también los partidos seculares.  

  Los obispos han señalado que las elecciones al Parlamento que se celebrarán durante este año serán un voto de confianza sobre la nueva constitución y el modo en que el Gobierno actúa con ella. Para el obispo William, "la población debe luchar por sus derechos". "La Iglesia no puede hablar en su nombre, pero podemos llamar su atención sobre estos temas con la ayuda de nuestros comités de Justicia y Paz", ha remarcado.