El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha abierto la puerta a un recorte de hasta el 5% del sueldo de trabajadores públicos catalanes a finales de este año --elevándolo del 3% previsto para junio-- si el Gobierno español no mueve ficha en esta cuestión y no toca las condiciones de los funcionarios para reducir el gasto.  

  En una comparecencia tras reunirse con el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha asegurado que el Gobierno catalán se replanteará la reducción salarial de los empleados públicos prevista en el "5% por ciento" si el Gobierno decide aplicar una medida similar a nivel estatal, ya que entonces Cataluña retiraría su propuesta y se adaptaría a la decisión de Rajoy.   

 "¿Qué puede hacerlo variar? Que el Gobierno plantee una reducción del salario de la función pública. Entonces retiraríamos la medida y aplicaríamos la del Gobierno central", ha concluido.  

  Ha argumentado que, aunque el recorte será del 3 por ciento en la paga de junio, ya advirtió en noviembre de que el ajuste global iba a alcanzar el 5 por ciento, algo que ahora está pendiente de lo que decida hacer Rajoy.   

 Mas ha hecho hincapié en que Cataluña no debería plantearse nuevos recortes si el Estado cumple con lo que adeuda a Cataluña en los presupuestos que presente para este 2012: "Según como se liquiden las deudas, podremos pasar mejor o no tan bien el ejercicio, y ahora no lo sabemos porque el Gobierno no ha dicho qué hará".  

  Ha explicado que las cuentas presentadas por el Gobierno catalán para 2012 son "preventivas", por lo que están sujetas a las nuevas previsiones que pueda hacer el Gobierno cuando presente el presupuesto, previsto para finales de marzo.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

   Mas no tiene "constancia" de que el Ejecutivo de Rajoy haya decidido incluir en sus Presupuestos de 2012 una partida de 211 millones de euros relativa a la Disposición Adicional Tercera del Estatut, de la que ya se adeuda una partida anterior de 759 millones.   

 El presidente catalán ha afirmado que el pago de deudas como ésta aligeraría las políticas de austeridad y las tensiones de tesorería, y ha concluido: "Será un incumplimiento muy grave si no se produce --el pago de esta partida--. Los gobiernos serios son aquellos que hacen todo lo que está en su mano para cumplir con deudas pendientes".  

  Ha insistido en pedir al Gobierno que aplique una distribución "justa" de los objetivos de déficit, ya que ha considerado que a las autonomías se les exige un esfuerzo desproporcional respecto a lo que se autoexige el Estado.