Según han confirmado fuentes gubernamentales a Infobae, el decreto se firmará el martes y se publicará en el boletín oficial el miércoles.

Macri aprovechó el discurso que pronunció para inaugurar el nuevo ciclo parlamentario para ratificar la lucha de su Ejecutivo contra la corrupción y su apuesta por "la transparencia y la integridad" en las instituciones públicas.

El presidente se convirtió en las últimas semanas en protagonista de un conflicto de intereses a cuenta del acuerdo alcanzado para saldar la deuda que Correo Argentino, una empresa que pertenece a su emporio familiar, tiene con el Estado.

El caso se remonta a 1997, cuando el entonces presidente, Carlos Menem, privatizó el servicio postal y Correo Argentino pasó a manos del Grupo Macri, dirigido por Franco Macri, padre del actual mandatario, y en el que éste trabajó antes de entrar en política.

El Gobierno de Néstor Kirchner volvió a nacionalizar Correo Argentino en 2003 y la compañía se declaró en bancarrota con una deuda con el Estado de 296 millones de pesos (unos 17 millones de euros). Poco después de llegar a la Casa Rosada, Macri llegó a un acuerdo para pagar en un plazo de 15 años a un interés del siete por ciento.

La fiscal general, Gabriela Boquín, indicó en un controvertido informe publicado el mes pasado que dicho acuerdo supondría para el Grupo Macri un beneficio de 70.000 millones de pesos (unos 4.000 millones de euros), algo que consideró "abusivo".

En consecuencia, el fiscal federal Juan Pedro Zoni ordenó imputar a Macri y a su ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, --artífice de dicho acuerdo-- porque "se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino SA, en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado".

La polémica generada obligó a Macri a comparecer en una rueda de prensa para explicar que ha instruido a Aguad para "volver a foja cero", es decir, anular el acuerdo y retomar las negociaciones. Si se llega a un nuevo pacto, la Auditoria General de la Nación deberá dar su visto bueno.

CASO AVIANCA

Una semana después de anunciar los nuevos decretos, Macri hizo pública la decisión del Gobierno de no aprobar la autorización para que la aerolínea Avianca opere rutas de cabotaje en el país hasta que las autoridades tomen una decisión sobre la investigación en torno a un posible conflicto de intereses.

Previamente, el fiscal argentino Jorge di Lello abrió una investigación contra Macri para averiguar si benefició a la aerolínea Avianca, que habría realizado negocios con el padre del propio mandatario.

Según la prensa argentina, además del presidente la investigación alcanzará a Franco Macri, así como al secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y a varios responsables de la aerolínea por un presunto delito de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, fraude contra la Administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino.

La investigación se abrió después de que, a finales de diciembre, los diputados Juan Cabandié y Roberto Tailhade denunciaran al presidente y al resto de investigados por las irregularidades en la explotación del espacio aéreo a través de empresas privadas, entre ellas, algunas "vinculadas al entorno personal o familiar" del mandatario.

Avianca compró el año pasado la aerolínea MacAir Jet, que era propiedad de SIDECO --empresa de la familia Macri--, y posteriormente mantuvo como consejero delegado a Carlos Benjamín Colunga López, definido por el fiscal Di Lello como "persona de confianza" de la familia del presidente.