"Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas", señala el documento, aprobado en el marco de la CCXX Comisión Permanente de la CEE celebrada la pasada semana.

   Concretamente, el secretario general y portavoz de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado en rueda de prensa que la norma no es una "ley justa" y que, por tanto, "no obligaría a su cumplimiento si no se modifica". En este sentido, ha asegurado que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que "justamente" la "está ejerciendo de manera fundamental". Además, ha advertido de que no debería haber prisa en regular un asunto de "tal trascendencia".

   Además, en el texto, piden que se reconozca y garantice el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que se vean implicados en "situaciones que conlleven ataques legales a la vida humana" y rechazan que "desaparezca el criterio de la "lex artis" o buena práctica médica como límite a la absoluta autonomía del paciente terminal".  

  En esta línea, aunque los obispos admiten la intención "laudable" del proyecto de ley de "proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia", señalan que "no lo consigue" porque "deja puertas abiertas a la legalización de conductas eutanásicas".  

  Concretamente, consideran que "una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia".  

  Asimismo, señalan que algunos conceptos se explican de forma "reductiva" en la normativa como la definición del término eutanasia que, a su juicio, se centra sólo en las acciones directas y "se deja abierta la puerta a las omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración".

 SEDACIÓN, ABANDONO TERAPÉUTICO Y OMISIÓN DE CUIDADOS

   Según la CEE, entre las conductas "eutanásicas" que se "legalizarían" con esta normativa estaría la "sedación inadecuada" cuya aplicación, según explican los obispos, debería depender del "juicio médico y no de la voluntad del paciente", un punto que, a su parecer no queda claro en el texto, pues incluye este tratamiento como "un derecho" del paciente.   

 Igualmente, consideran que la normativa también podría favorecer el abandono terapéutico y la omisión de los cuidados debidos, al establecer la norma la realización de actuaciones sanitarias que garanticen el "debido cuidado" del enfermo y no especificar en ese concepto aspectos como la "alimentación e hidratación" del mismo.

 DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA  

  Por otra parte, en la declaración, los miembros del Episcopado aseguran que en el proyecto de ley está "mal tratado" el derecho de libertad religiosa que "ni siquiera se menciona". En su lugar, según indican los prelados, el texto legal formula "un nuevo derecho al acompañamiento dentro del cual incluye una asistencia espiritual o religiosa de la que se dice que los pacientes tendrán derecho a recibir si ellos se la procuran".    Sin embargo, ha precisado que se ha producido un cambio "positivo" entre el anteproyecto y el proyecto de ley ya que en el primero "ni siquiera se decía que los pacientes tenían derecho a una asistencia espiritual" mientras que en el segundo sí se reconoce. Además, Martínez Camino ha advertido de que el proyecto tampoco alude a los Acuerdos internacionales o convenios firmados con la Iglesia Católica ni con el resto de confesiones.  

  En cuanto a las declaraciones hechas hace unas semanas por el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, sobre que el anteproyecto de ley "no parecía de eutanasia", Martínez Camino ha defendido que "nunca pronunció un juicio definitivo" sino "primero" y basado en un estudio que se estaba realizando y que ha dado lugar al documento que se ha presentado este lunes.   

 En todo caso, ha aclarado que en esta declaración tampoco se afirma que se trate de una ley de eutanasia sino que de lo que se advierte es de que "abre la puerta a prácticas" de este tipo y de que supone "un retroceso en los derechos de la persona".