Los abogados de la familia de Leopoldo López han pedido formalmente este viernes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que verifique tanto el estado de salud como la ubicación del opositor venezolano, que lleva "desaparecido" a todos los efectos desde el pasado 7 de abril, última fecha en la que se le vio en el Centro Penitenciario de Ramo Verde, después de que sus familiares desconfiaran abiertamente de un vídeo aparecido esta semana en el que López afirma encontrarse bien.

Asimismo, los abogados han anunciado que plantearán una acción procesal ante la Justicia española para la defensa de López, que podría extenderse a los presos españoles en cárceles venezolanas según un recurso de amparo, en forma de una denuncia ante la Fiscalía contra supuestos actos "terroristas" cometidos por presuntos elementos "paramilitares" afines al Gobierno venezolano, en palabras del ex ministro de Justicia español y abogado de la familia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En su misiva al presidente del CICR, Peter Maurer, los abogados del disidente requieren, "de manera urgente", que representantes del Comité "se personen en el centro penitenciario de Ramo Verde y comprueben, mediante contacto personal, el estado de salud de Don Leopoldo López, así como las duras condiciones de la vida carcelaria a la que es sometido él y otros presos ingresados en dicho centro penitenciario venezolano".

Los abogados transmiten a la organización internacional "la seria preocupación de la familia sobre el estado de salud" de López, dado que la única información con la que cuentan, "no siempre veraz", es la que "se transmite a través de las redes sociales", según han manifestado durante una rueda de prensa que ha contado con la participación de la hermana y el padre de López, Diana y Leopoldo.

SECUESTRO Y TORTURA

"El Gobierno venezolano está tratando a Leopoldo López como a un rehén", ha declarado Ruiz-Gallardón durante la rueda de prensa, en la que ha denunciado la "flagrante violación contra los Derechos Humanos" que, a su juicio, se ha cometido contra el opositor.

"Lo más que hemos podido hablar con él es a través de las rejas de su prisión", ha lamentado Ruiz-Gallardón, recordando las tres ocasiones en las que ha visitado a López en Caracas. "De ahí que hayamos pedido a la Cruz Roja que desplace a una persona autorizada que pueda tranquilizar a la familia, en primer lugar, y a la comunidad internacional en general sobre la auténtica situación de Leopoldo", ha añadido.

"Estamos convencidos de que la Cruz Roja atenderá esta petición, que es", ha remarcado el ex ministro de Justicia, "estrictamente humanitaria, no tiene consecuencias jurídicas, pero lo que busca es garantizar que este secuestro que está protagonizando el Gobierno de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, no está teniendo consecuencias físicas ni psicólogicas para nuestro cliente".

LÓPEZ DESAPARECIDO

La familia atestigua que la última vez que vieron a López fue el 7 de abril, durante una visita personal efectuada por la suegra de López. Desde entonces se ha perdido todo contacto.

En este sentido, la familia ha expresado serias dudas sobre la veracidad de un vídeo protagonizado por López desde su celda, el 3 de mayo, y en el que el opositor pide a su esposa que "no se inquiete". La familia de López, en este sentido, ha llegado a sospechar incluso que las imágenes han sido manipuladas, y que el rostro de López, presume su hermana Diana, habría sido insertado digitalmente sobre el cuerpo de otra persona.

Sobre la acción judicial, los abogados de López pretenden motivar a la Justicia española -- con el apoyo de la opinión pública "dadas las limitaciones que plantea esta opción", según los letrados -- a abrir una causa por terrorismo contra un sujeto pendiente de identificación, que en principio serían estas milicias que ha descrito Ruiz-Gallardón, con el ánimo de proteger a todos los presos afectados por esta violencia, comenzando por López y con la posibilidad de extenderse a otros presos de nacionalidad española, como Yon Goicoechea y Andrea González.

Ruiz-Gallardón remitió al fundamento jurídico básico en el que se articula: el artículo 573 del Código Penal español, que considera
delito de terrorismo "la grave alteración de la paz pública", como entiende que hacen estas milicias.

"Es la razón por la que hemos ofrecido a estas familias la posibilidad de interponer las acciones correspondientes para que puedan ser amparados por la Justicia española", ha señalado el ex ministro de Justicia.

LLAMAMIENTO A EUROPA

Por último, la antigua comisaria Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad Benita Ferrero-Waldner, también presente en la rueda de prensa, ha vuelto a condenar la "flagrante violación" de los derechos de Leopoldo López, y pedido a la actual máxima responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini, que actúe en nombre de los mismos.

"Tiene que ser el momento de que la Unión Europea, y su representante, 'se mojen' con un comunicado", ha declarado Ferrero-Waldner. "Hay que pedir a las instituciones de Venezuela que tanto la familia como sus abogados puedan visitar a Leopoldo López para asegurarse de que sigue con vida. La Unión Europea no puede ser tácita en esta situación", ha concluido.

EEUU tacha de "deplorables" algunos de los

hechos ocurridos en Venezuela

Estados Unidos ha calificado este viernes de "deplorables" algunos de los hechos ocurridos en Venezuela en el marco de la crisis política que sufre la nación caribeña y que ha derivado en protestas multitudinarias en las principales ciudades del país que han dejado 36 muertos.

"Algunos de los actos han sido deplorables y, ciertamente, estamos siguiéndolos muy de cerca", ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en declaraciones a los medios de comunicación, sin entrar en detalles. "No puedo comentar más en estos momentos", ha señalado.

El Gobierno de Donald Trump ya ha manifestado en los últimos días su "gran preocupación" por la situación en Venezuela, algo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha interpretado como una nueva injerencia de Washington en los asuntos de Caracas y la región.

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces la MUD no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, un total de 36 personas han muerto --once por los saqueos en El Valle-- y más de mil han sido detenidas.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos en las próximas semanas "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.