Los Veintiocho ya acordaron las sanciones contra Venezuela el pasado miércoles a nivel de embajadores, por lo que llegan cerradas y los jefes de la diplomacia europea se limitarán a su aprobación formal, sin discusión previa, este lunes.

Los Gobiernos europeos ven necesario "aumentar la presión sobre el Gobierno de Venezuela" debido a la falta de avances sobre el terreno y los desarrollos negativos en el país, incluidas las últimas elecciones regionales, cuyas "graves irregularidades" ha denunciado la oposición y su resultado ha sido "bastante discutible", han explicado varias fuentes diplomáticas, que admiten la situación "difícil y tensa" en Venezuela.

Por ahora, los Veintiocho evitan imponer sanciones --congelación de activos y prohibición de entrada a la UE-- a dirigentes venezolanos concretos. "Si hace falta reforzar la presión, haremos una lista con personas necesarias", han avisado no obstante fuentes diplomáticas.

A algunos países les hubiera gustado ir "un poco más rápido" para imponer sanciones, que necesitan aprobarse por unanimidad, aunque admiten que "hay diferencias de opinión" entre los Veintiocho sobre "si hay que empezar" sancionando a los "máximos" dirigentes o a un nivel de responsabilidad medio, una discusión que todavía no han mantenido de manera "formal".

"Ya hay nombres que se están preparando", han explicado otras fuentes, que insisten en la necesidad de poder probar las implicaciones de las personas en violaciones al Estado de Derecho, los principios democráticos y las violaciones de Derechos Humanos para evitar que las sanciones sean impugnadas ante la justicia.

España ha sido el país que más ha empujado a favor de avanzar en sanciones individuales a responsables de la crisis en Venezuela, mientras que los más recelosos han sido Grecia y Portugal. Francia también rechazó esta posibilidad en agosto, para tratar de primar la vía de la mediación, aunque desde entonces ha cambiado de opinión.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respaldaron en su reunión de octubre en Luxemburgo "avanzar" en la preparación de sanciones "selectivas, graduales y reversibles" por la falta de avances sobre el terreno tras la celebración de las elecciones regionales en Venezuela.

Los Veintiocho darán luz verde el lunes a los textos jurídicos para crear "la base jurídica" o "una lista de sanciones individuales vacía", que, según fuentes diplomáticas, permitiría a los Veintiocho avanzar "rápidamente" en sanciones a dirigentes concretos "si la evolución de la situación lo requiere".

También aprobarán "un embargo de armas a Venezuela", prohibirán las exportaciones de equipos "que puedan ser utilizados para la represión interna y equipos informáticos de vigilancia" para controlar las comunicaciones personales.

Las sanciones preservan el "principio de seguridad jurídica" para contratos armamentísticos en vigor, han explicado fuentes europeas, a menos que se trate de "equipos para la represión".

Las empresas españolas vendieron material de defensa a empresas públicas del Gobierno de Nicolás Maduro en 2016, por valor de 2,6 millones de euros. En concreto, repuestos y partes para la modernización de vehículos blindados, partes, piezas y herramientas para una avioneta y 'software' de simulación de un radar.

España exportó a Venezuela otros 2,6 millones en productos y tecnologías de doble uso. En este caso, el 53,78 por ciento tuvo como destino también a empresas públicas del Gobierno de Maduro y el 46,22 por ciento restante empresas privadas.

En este caso, 1,4 millones corresponden a elementos tales como equipos de protección y detección como trajes, guantes y calzados, dosímetros personales o fluoruros, sulfatos, cianuros y derivados halogenados. Y otros 1,1 millones a equipos de telecomunicaciones y seguridad de la información.

Los Veintiocho dejarán claro el lunes que las sanciones, que son "graduales, flexibles y reversibles" están concebidas para no afectar a la población venezolana y buscan "alentar un proceso creíble y significativo que pueda llevar a una solución pacífica negociada" entre el Gobierno de Maduro y la oposición en un texto de conclusiones que adoptarán el lunes.

Así, dejarán claro que la negociación y el diálogo es la única vía para resolver la crisis actual para responder a las necesidades "urgentes" de la población y volverán a reiterar la disposición de la UE de "apoyar una negociación creíble" que implica a "todos los actores relevantes" para alcanzar "soluciones compartidas a los múltiples desafíos" en el país.

También volverán a dejar claro al Gobierno de Maduro la necesidad de respetar los Derechos Humanos y garantizar el acceso humanitario sobre el terreno.