Según ha informado el diputado opositor y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, durante la reunión López trasladó a Zapatero "la exigencia del pueblo: que sea retirada la Constituyente y que se respete decisión del pueblo del 16J", en referencia a la consulta organizada por la oposición en la que se rechazó la celebración de la Asamblea Constituyente planteada por el presidente Nicolás Maduro.

"También se conversó sobre la grave conflictividad que puede venir por la Asamblea Constituyente fraudulenta y dejamos claro que el único responsable es Maduro", ha precisado Guevara, que es miembro del partido Voluntad Popular que lidera López, en su cuenta de Twitter.

"Ojalá en el régimen alguien tenga sensatez para suspender la Constituyente, pero nosotros no podemos bajar la guardia: la calle es nuestra fuerza", ha defendido el dirigente opositor, reiterando el llamamiento de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a los venezolanos a secundar una huelga general este miércoles y jueves y a salir masivamente a las calles el viernes con el fin de evitar la celebración este domingo de las elecciones a la Asamblea Constituyente.

Zapatero, que llegó durante el fin de semana a Venezuela, avisó este lunes de que para resolver la crisis política en el país "no hay una alternativa al diálogo y a la búsqueda del consenso", y alertó de que "cualquier alternativa es un conflicto grave, muy grave".

El expresidente del Gobierno, que forma parte del equipo de mediadores designado por UNASUR (junto al expresidente panameño Martín Torrijos y al dominicano Leonel Fernández), sostuvo en una entrevista al diario chileno 'La Tercera' que "el diálogo ha existido, existe y existirá con todo lo que está cayendo" en el país. En su opinión, aun con todas las dificultades que existan, se van a celebrar "los procesos electorales que hay pendientes, se elegirán gobernadores y alcaldes ahora, y en 2018 serán las presidenciales".

Con todo, preguntado si ve riesgo de guerra civil, dijo cree que no será así pese a los "momentos muy tensos" que está viviendo el país, sino que se está intentando que "dos bloques enfrentados desde hace dos décadas" puedan abrir ahora "un espacio de concertación sólida, pacífica y democrática".

Por otra parte, consideró que la "liberación" de Leopoldo López, "aunque sea con encarcelación domiciliaria, ya es un avance" y recordó que la liberación de los presos políticos es uno de los cuatro puntos básicos de la hoja de ruta del diálogo.

El juez del TSJ detenido al que designó la

oposición venezolana inicia una huelga de

hambre

Ángel Zerpa, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional la semana pasada y detenido el sábado por los servicios de Inteligencia (SEBIN), ha iniciado este lunes una huelga de hambre contra su arresto, según ha informado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.

La medida de Zerpa se ha producido después de que la juez de un tribunal militar haya dictado la privación de libertad preventiva contra el magistrado, al que ha "imputado por traición a la patria", según ha precisado Romero.

"Nos comunican que el delito que se le imputó fue traición a la patria sustentado, según parece, en la juramentación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia ante la Asamblea Nacional", ha explicado en un mensaje en su cuenta en Twitter.

El magistrado, que no ha podido estar acompañado por sus abogados durante la vista en la que se ha dictado su envío a prisión, ha sido trasladado inmediatamente al Helicoide, sede de la Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Caracas, según el director de Foro Penal. Zerpa, según Romero, "se declaró formalmente ante el tribunal en huelga de hambre".

El viernes pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015, juramentó a los 33 nuevos magistrados del TSJ en un acto celebrado en una plaza de Caracas pese a que el 'chavismo' ha negado la validez de dichos nombramientos.

De los 33 magistrados, 13 son principales y 20 son suplentes y fueron seleccionados entre 188 candidatos. Su nombramiento ha sido desconocido por el Gobierno presidido por Nicolás Maduro y por los magistrados en ejercicio del TSJ, declarados desde el pasado viernes como "usurpadores" por la mayoría opositora de una Asamblea Nacional que ha dejado de reconocer su legitimidad.

Los opositores sostienen que el Tribunal Supremo en ejercicio fue elegido en un proceso "exprés" y sin cumplir con los requisitos constitucionales, antes de la toma de posesión de los diputados elegidos en 2015, que dieron la vuelta a la mayoría 'chavista' que hasta entonces había tenido la cámara legislativa.

El Tribunal Supremo en ejercicio, acusado por la oposición de tener un sesgo oficialista, ha declarado que los órganos civiles y militares deben ejecutar las acciones necesarias para enfrentar la "usurpación" de cargos de los 33 jueces designados por la Asamblea Nacional este viernes.