La Unión Europea y Marruecos han cerrado este miércoles el acuerdo que permitirá a la flota comunitaria, principalmente española, regresar a los caladeros que gestiona Rabat y que les fueron cerrados hace casi dos años por los problemas para renovar el convenio anterior. El nuevo régimen tendrá un coste anual de 40 millones de euros para las arcas comunitarias y "atiende a la resolución de la Eurocámara para el respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara occidental", según han indicado fuentes del Ministerio a Europa Press.

   La Unión Europea ha accedido finalmente a aumentar la contrapartida financiera por faenar en la región y pagará 40 millones de euros anuales, de los que 10 millones los aportarán los pescadores por sus permisos. El régimen anterior, válido hasta 2011, costaba 36 millones a las arcas comunitarias cada año.

   La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, que ha negociado el acuerdo en nombre de los Estados miembros trató en vano durante las negociaciones reducir el monto hasta los 28 millones de euros, por considerar excesiva la petición marroquí, según han explicado fuentes europeas.

   A cambio, se mejoran las condiciones para que la flota comunitaria tenga derecho a mayores cuotas de pesca. Los buques europeos obtienen 126 licencias, de las que un centenar serán para españoles, sobre todo andaluces y canarios, y beneficiará a 700 tripulantes aproximadamente.

   El segundo de los escollos que ha mantenido las negociaciones en un impasse de varios meses y que se ha solventado con una salvaguarda específica, ha sido la situación del Sáhara occidental y las garantías que exigía Damanaki sobre el respeto de los derechos fundamentales de la población de al excolonia española, incluida la condición de que las ventajas del acuerdo también les beneficiara.

   La población saharaui ha reclamado durante las negociaciones que sus aguas, de donde proceden buena parte de las capturas, fueran excluidas del acuerdo, porque rechazan que Marruecos tenga derecho a gestionar sus recursos.

   Por su parte, el Parlamento Europeo, que hace dos años tumbó el último acuerdo negociado, puso como condición para dar su visto bueno al pacto que se respeten los Derechos fundamentales de los saharauis y que haya pruebas de que la pesca será sostenible y rentable económicamente.