La Confederación Española de Comercio (CEC) ha reclamado este viernes en el Congreso habilitar la rescisión del contrato de los alquileres de locales para conseguir un nuevo "marco negociador ajustado a las nuevas dimensiones de la oferta y la demanda", y habilitar un mecanismo de arbitraje para dirimir la equidad de las cláusulas más gravosas y perjudiciales para el arrendatario.

Estas son algunas de las propuestas llevadas por su presidente, Pedro Campo, ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para analizar la situación del comercio minorista tras la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19.

Esta organización ve necesario permitir que el arrendatario pueda rescindir el contrato y poder negociar uno nuevo "ajustado a las nuevas dimensiones de la oferta y la demanda", en un modelo equivalente a las resoluciones contractuales por causas económicas, tecnológicas u organizativas justificadas.

CEC apuesta así por modificar el decreto ley aprobado por el Gobierno para promover renovaciones entre arrendador y arrendatario, y traslada la propuesta a los grupos, que tienen en la mano modificar el mismo, ya que esta norma se tramita en el Congreso como proyecto de ley y está sujeto a cambios vía enmiendas.

Por otro lado, el documento presentado por la CEC a la Comisión recoge medidas como el aplazamiento de deuda tributaria, la suspensión de impuestos, la reducción del recargo de equivalencia o garantizar las mismas normas de funcionamiento para todos los operadores de comercio con independencia de que el canal de venta sea 'offline' u 'online'.

En materia laboral, Campo ha planteado posibilitar la tramitación de nuevos ERTEs en función a la evolución y fases del desconfinamiento, con el fin de garantizar la sostenibilidad y el empleo de las empresas a la salida de la crisis y asegurar las condiciones sanitarias y de higiene en el entorno de trabajo, garantizando el abastecimiento de EPIs y la realización prioritaria de test rápidos en todos los subsectores que lo soliciten.

También fomentar la formación profesional reglada para el sector, incrementar las medidas de control para luchar contra la falsificación y venta ilegal de productos, diseñar e impulsar campañas específicas orientadas a la dinamizar el consumo en subsectores, conforman también esta batería de propuestas.