"La responsabilidad de las violaciones de los Derechos Humanos que hemos registrado descansa en las más altas autoridades del Gobierno", ha dicho Al Husein en un comunicado que anticipa los resultados de una investigación sobre la situación en Venezuela llevada a cabo por la ONU entre el 6 de junio y el 31 de julio en base a 135 entrevistas con víctimas, testigos, periodistas, médicos, abogados y la Fiscalía y a información enviada por el Defensor del Pueblo.

La ONU se ha hecho eco de testimonios que denuncian un uso sistemático de "fuerza desproporcionada" por parte de los agentes de seguridad contra quienes protestan contra Maduro para "inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran a las instituciones públicas para presentar sus peticiones". "Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes", ha reprochado.

"Los testigos han relatado cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que los gases lacrimógenos fueron disparados a corta distancia y que la Policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos (...) También habrían recurrido al uso de fuerza letal", ha detallado.

El Alto Comisionado ha llamado la atención sobre las acciones contra los periodistas encargados de cubrir las protestas contra el Palacio de Miraflores. De acuerdo con las declaraciones recogidas, "algunos han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de prensa, y en varias ocasiones han sido detenidos y amenazados".

Asimismo, Al Husein ha expresado "su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas". "Las víctimas y los testigos dijeron que se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes (...) e indican que hubo destrucción de propiedad privada", ha contado.

No obstante, ha advertido de que "algunos grupos de manifestantes también han actuado con violencia y se ha informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad". A este respecto, ha recordado que, hasta el 31 de julio, "ocho elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones".

Como consecuencia de esta ola de violencia, un total de 124 personas han muerto --hasta el 31 de julio-- en las manifestaciones contra Maduro. Las pruebas recabas por Naciones Unidas revelan que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 y "los grupos armados pro gubernamentales", conocidos popularmente como 'colectivos', de otras 27.

Además, ha denunciado que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las protestas opositoras, 5.051 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales "más de mil siguen detenidas". En muchos casos habrían sufrido tratos crueles que, solo en algunos casos, constituyen tortura. Entre los métodos citados por la ONU figuran palizas, asfixia, descargas eléctricas, colgar a los presos de las muñecas y amenazas de muerte y violencia sexual.

"RUPTURA DEL ESTADO DE DERECHO"

"Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional (controlada por la oposición venezolana desde 2016) y a la Oficina de la fiscal general", Luisa Ortega Díaz, ha indicado.

Al Husein ha aprovechado para expresar su "profunda preocupación" por la decisión de la Asamblea Constituyente de cesar a Ortega Díaz y ha urgido a las autoridades a cumplir las medidas cautelares que ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la ya ex jefa del Ministerio Público.

En este contexto, ha pedido al Gobierno de Maduro "que ponga fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cese las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente", así como "que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a civiles".

"Llamo a todas las partes a trabajar en una solución para las crecientes tensiones en el país, a renunciar al uso de la violencia y a dar pasos hacia un diálogo político significativo", ha concluido Al Husein.

Fiscales iberoamericanos, incluido Maza,

expresan su "enérgico rechazo" al cese de

Ortega Díaz en Venezuela

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) ha expresado este martes su "enérgico rechazo" por la decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela de cesar a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al tiempo que ha advertido del impacto que esta medida podría tener en las investigaciones en curso, reclamando el respeto a la "independencia" de las mismas.

Trece fiscales generales, entre ellos el español José Manuel Maza, han firmado una declaración de la AIAMP para expresar "su enérgico rechazo a la destitución ilegal" de su homóloga venezolana, "así como a los actos de asedio, hostigamiento y amenazas que ella y el resto de los funcionarios del Ministerio Público venezolano han sufrido por parte de otras instituciones o personas".

También han manifestado "su profunda preocupación por las consecuencias que la decisión de esta Asamblea Constituyente pueda tener en el desarrollo de investigaciones criminales imparciales y objetivas, con pleno respeto de los derechos y garantías de todos los venezolanos".

En la misma línea, han rechazado "categóricamente" el nombramiento del hasta entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general de Venezuela. En opinión de la AIAMP, se hizo "de manera ilegal o arbitraria" y "no hace sino agudizar la crisis y afectar a la credibilidad del sistema de Justicia" del país.

Los firmantes han reivindicado "el establecimiento de ministerios públicos autónomos e independientes" y, en consecuencia, han exhortado a las autoridades venezolanas a "respetar en todo momento los derechos y las garantías
de las personas, en particular de los funcionarios del Ministerio Público".

La Asamblea Constituyente decidió en su primer día de funcionamiento, el sábado, destituir a Ortega Díaz, tras lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló a favor de abrir un "antejuicio de mérito" contra la ex fiscal general por "faltas graves" en el ejercicio del cargo.

Ortega Díaz ha considerado que su despido es "ilegal", por lo que ha afirmado que se mantiene en el cargo", y ha vuelto a denunciar que "en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución, promovido por el TSJ y el Ejecutivo Nacional".

La antigua titular del Ministerio Público se ha distanciado en los últimos meses del discurso oficial, tras permanecer durante años al lado del 'chavismo'. Ortega Díaz ha acusado a Maduro y los suyos de romper el orden constitucional y violar sistemáticamente los Derechos Humanos.