"Una cosa está clara: las leyes de la guerra han colapsado en muchas partes", han afirmado Stephen O'Brien, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, y Jan Egeland, que se encarga de coordinar la ayuda de Naciones Unidas para Siria, en un artículo conjunto publicado con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este 19 de agosto.

"En este día tenemos la oportunidad de honrar y recordar a nuestros colegas, nuestros amigos y los miembros de nuestras familias que han muerto en la primera línea de las crisis humanitarias", han indicado, recordando que solo el año pasado se registraron 158 ataques contra objetivos humanitarios en los que 101 cooperantes murieron, 98 resultaron heridos y 89 fueron secuestrados.

Egeland y O'Brien han advertido de que "los ataques cada vez son más brutales". En uno de "los ataques más atroces", ocurrido el 11 de julio de 2016 en el marco de la guerra civil en Sudán del Sur, decenas de soldados irrumpieron en el complejo residencial de Terrain, donde se alojaban los cooperantes en la capital, Yuba. Violaron a varias trabajadoras humanitarias, mataron a un periodista y obligaron a las demás víctimas a mirar.

"Con estos actos los soldados enviaron un mensaje a la comunidad humanitaria: que nuestra neutralidad ya no se respeta, que ya no estamos amparados por nuestra labor humanitaria", han denunciado. Así, solo en los dos últimos meses cooperantes en Siria, Somalia, Afganistán, Sudán del Sur y República Centroafricana han muerto, han resultado heridos y han sido secuestrados en diversos ataques.

Los responsables humanitarios han destacado la especial fijación de las partes en conflicto con las instalaciones y el personal sanitario. En 2016, 979 profesionales médicos fueron víctimas de ataques. A este respecto, han recordado que dos hospitales gestionados por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Yemen fueron bombardeados, a pesar de que la ONG había entregado a los combatientes de ambos lados las coordenadas exactas.

"Muchos de estos incidentes nunca han sido investigados y, en las raras ocasiones en las que hay investigaciones, éstas apenas cumplen los estándares internacionales", lo cual envía otro mensaje a los responsables: "la violencia contra los actores humanitarios está permitida y las partes pueden obviar sus obligaciones bajo el Derecho Internacional sin consecuencias", han señalado.

Egeland y O'Brien han enfatizado que, si bien muchos de estos ataques son obra de grupos armados no estatales, si se tiene en cuenta el número de víctimas, "los estados son responsables de la mayoría de los muertos y heridos entre cooperantes". Entre 2015 y 2016, 54 trabajadores humanitarios fallecieron a manos de agentes estatales.

FRENO A LA AYUDA

"La repercusión de los ataques contra trabajadores humanitarios va mucho más allá de los cooperantes", porque acaban traduciéndose en la retirada de las organizaciones o, en el mejor de los casos, en una reducción considerable de la ayuda que dan a las personas atrapadas por la violencia.

Los portavoces de la ONU han alertado de que las partes suelen impedir la entrega de ayuda humanitaria "como táctica para evitar que llegue a las comunidades que viven en la 'zona equivocada' de la línea de frente, lo que hace que estas comunidades queden deprimidas durante años".

"Impiden que los niños accedan a tratamientos vitales, que las familias consigan comida, que las comunidades encuentren refugio", han recalcado.

"EL SISTEMA DEBE CAMBIAR"

En este contexto, han subrayado que "no se puede permitir que los cooperantes sigan siendo atacados deliberadamente". "El sistema debe cambiar", han sostenido y, con este objetivo, han lanzado tres propuestas fundamentales "para la supervivencia de muchas personas".

"En primer lugar, los estados deben investigar y perseguir las graves violaciones" del Derecho Internacional Humanitario. "Los estados, especialmente los más poderosos, deben exigir a las partes en conflicto, incluidas sus propias fuerzas, que respeten las normas internacionales", han reclamado.

Egeland y O'Brien han destacado que la "intensa presión internacional" permitió que se abriera una investigación sobre el asalto al complejo sursudanés de Terrain que llevó a "un pequeño número de soldados" ante la Justicia. Si este proceso tiene éxito, "probará que es posible" acabar con la impunidad, han afirmado.

También han urgido a las organizaciones humanitarias a defender su neutralidad. "Debemos denunciar a quienes usan la ayuda humanitaria como moneda de cambio, tomando a los más vulnerables como rehenes. Debemos luchar contra quienes quieren hacer de la ayuda humanitaria una herramienta para alcanzar sus objetivos políticos", han instado.

Por último, han pedido garantizar la protección al personal local empleado por las organizaciones humanitarias, una práctica cada vez más común, sobre todo en zonas de conflicto sumamente peligrosas. Muchas veces, han reprochado, "los socios locales se enfrentan a niveles de seguridad inadecuados" y a escaso apoyo de sus colegas internacionales.

"La guerra tiene reglas. Ya es hora de cumplir estas reglas, en lugar de contar con cooperantes valientes que arriesguen innecesariamente sus vidas", han exigido.