Forst ha realizado su primera visita a México, a petición del propio Gobierno, a donde llegó el pasado 16 de enero y donde ha permanecido hasta este mismo martes, con el objetivo de valorar "hasta qué punto los defensores de Derechos Humanos se sienten seguros" en el país.

Durante su estancia, Forst ha visitado los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca --tres de los más afectados por la violencia entre cárteles que se disputan las rutas clave del narcotráfico--, y se ha reunido con 600 defensores de Derechos Humanos de 20 estados diferentes.

En una entrevista con ONU México, Forst ha señalado la impunidad delictiva y la falta de voluntad política como principales obstáculos en esta materia.

"La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de casi un 100% de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia", ha señalado, reiterando la necesidad del Ejecutivo de abordar la cuestión de la impunidad.

Asimismo, ha indicado que su "evaluación" de la situación es "bastante difícil y terrible". "Hay ataques contra ellos en todos los niveles", ha comentado, asegurando que lo más alarmante son las "campañas de difamación contra los defensores" que, a veces, parecen organizadas.

"Los acusan de recibir fondos extranjeros. Eso es de parte de los oficiales y es importante de decirlo. Lo que esperamos de los oficiales es una campaña de reconocimiento del trabajo realizado por los defensores", ha lamentado, asegurando que los activistas no son "enemigos" del Estado, sino "agentes positivos que tratan de impulsar un cambio y se enfrentan a campañas de difamación a todos los niveles".

Forst ha alertado del gran número de casos en los que se ha visto implicado el Ejército y ha advertido de que es "peligroso" cederle la responsabilidad de "mantener el orden público", papel que corresponde a la Policía. "El Ejército debe quedarse en los cuarteles", ha agregado.

Sin embargo, el relator de la ONU ha señalado que el mayor desafío al que se enfrenta el Gobierno de Enrique Peña Nieto es la falta de voluntad desde la clase política para poner fin a la impunidad.

"Si no hay voluntad política al más alto nivel del Estado, esto no va a cambiar porque la población, el Ejército, la policía en todos los niveles y la Justicia no emprenderán la voluntad de cambio", ha señalado.

"Como la impunidad es la norma, si no sienten que haya una voluntad de atacar la impunidad desde el más alto nivel del Estado, nada cambiará", ha alertado.

No obstante, tras un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con el fiscal general, Raúl Cervantes Andrade, sí ha destacado el compromiso del Gobierno de reconocer públicamente el papel positivo de los defensores y activistas.

"Esto es una señal y esta señal debe ahora traspasarse hacia los otros niveles del Estado: que la Justicia se ponga en marcha, que los estados lo adopten a nivel local", ha añadido.

Asimismo, también ha celebrado los avances desde el Gobierno federal y ha señalado que "el simple hecho de que el Parlamento haya adoptado una ley sobre los defensores es una señal de que el Gobierno reconoce que había un problema y luego se decidió a poner en marcha un mecanismo para la protección de los periodistas y defensores".

"Se reconoce que hay una necesidad de protección y se crea un mecanismo para ello. Hay una voluntad del Gobierno y es positivo porque está siendo desarrollado por el Gobierno", ha agregado, recordando que además se ha creado una comisión sobre el Derecho de las Víctimas.

ISIDRO BALDENEGRO

Forst, quien al inicio de su visita ya condenó el asesinato del ecologista Isidro Baldenegro, defensor de los bosques de la sierra Tarahumara (Chihuahua), ha comparado al activista con Berta Cáceres, hondureña también asesinada, en marzo del año pasado, tras recibir varias amenazas de muerte.

"El asesinato de Isidro es un símbolo, así como lo fue el de Berta Cáceres en Honduras y los ataques a aquellos que representan los derechos humanos en diferentes cuestiones, como el medio ambiente, es un símbolo de que algo va mal en el país y el Estado tiene el deber de proteger a los defensores", ha explicado.

"Si el Estado no es capaz de proteger a símbolos como Isidro, eso envía la señal de que la impunidad es regla y, si puedes atacar símbolos, entonces puedes atacar a los más pobres de los pobres. Vimos los ataques a indígenas como Isidro o Berta Cáceres que luchaban por proteger su tierra, sus ríos, sus lagos y que se enfrentaban al poder de compañías que no los consultan", ha añadido.

Baldenegro, miembro de la comunidad indígena rarámuri, murió tiroteado la semana pasada. Precisamente su actividad ecologista le llevó a recibir el Premio Goldman, también conocido como el 'Nobel Verde' en 2005, galardón que también recibió la hondureña Cáceres.