"La Secretaría General de la OEA ha designado al Señor Luis Ángel Rosadilla como Enviado Especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua", ha señalado un comunicado conjunto entre dicho organismo y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

De acuerdo con el texto, a partir del 11 de marzo Rosadilla analizará con los representantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la eventual participación de la secretaría general de la OEA en las negociaciones.

Según la nota, el pasado 14 de febrero el Gobierno de Nicaragua se reunió con una delegación de la OEA, "a fin de avanzar en la ruta hacia las necesarias reformas electorales en el marco de la Constitución, entre otros temas".

En un mensaje previo, la administración del presidente Daniel Ortega ha destacado la importancia del apoyo internacional para la implementación de los acuerdos finales de esta negociación, y ha hecho un llamamiento a suspender toda sanción contra Nicaragua para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social del país.

Además, el Sandinismo se comprometió a fortalecer las instituciones electorales de Nicaragua, mediante "la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA".

En ese sentido, el Gobierno ha propuesto poner en marcha la "liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados".

El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega anunció estas medias poco después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua rechazara una invitación para asistir a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

En nota de prensa, el Episcopado expresó que "deben ser los laicos los que asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de la Nación".

Tras conocer la decisión de la Conferencia Episcopal, la Alianza opositora convocó a un pleno para reconsiderar su posición en la negociación, a partir de su reclamo de libertad para quienes considera "presos políticos", así como de reformas electorales.

Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega.

Entonces fue convocado un Diálogo Nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que suspendió las conversaciones en junio pasado, en medio de acusaciones y la falta de consenso entre ambas partes.