Desde hace casi dos meses, miles de manifestantes han salido a las calles para protestar por lo que consideran una dictadura. En muchas ocasiones, los manifestantes interrumpen el tránsito con escombros, basura o vehículos.

La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha publicado una sentencia indicando que ha aprobado una acción judicial por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos del estado de Miranda, gobernado por Capriles.

Los ciudadanos han presentado un recurso de amparo contra el gobernador alegando que las interrupciones en el tránsito generan "zozobra y pánico".

La sentencia además cita un artículo que advierte de que si Capriles opta por desacatar el amparo "será castigado con prisión de seis a quince meses".

El texto ordena al funcionario que "realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos en dicho Estado".

El TSJ emitió este mes otra decisión similar contra alcaldes opositores de Caracas, donde se han realizado el grueso de las manifestaciones, entre otras autoridades.

La fiscal general de Venezuela pide al TSJ

que aclare su ratificación a la Constituyente

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha vuelto a desmarcarse del 'oficialismo' y ha solicitado a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aclare su ratificación de la Asamblea Constituyente en la que, en virtud de su interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución, sostiene que corresponde al presidente, Nicolás Maduro, el poder de convocatoria y que ésta no debe ser aprobada en consulta popular.

Este jueves ante la sede del órgano judicial ha explicado ante los medios que en el marco de sus facultades y competencias ha asegurado que esta decisión es un retroceso en materia de progresividad de los Derechos Humanos en el país.

A este respecto, Ortega Díaz ha asegurado que la Constitución establece que "bajo ninguna circunstancia" se pueden desmejorar los Derechos Humanos. En este sentido, ha acusado al Gobierno de Maduro de querer vulnerar la progresividad de estos derechos al convocar una Constituyente "en la que la participación popular se reduce a su mínima expresión".

Asimismo, ha pedido que se aclare la postura del TSJ sobre la soberanía del pueblo en relación a la Constituyente, y ha indicado que la sentencia del tribunal no deja claro si esa soberanía reside en el pueblo "intransferiblemente", como prevé el artículo 5 de la Carta Magna.

Además, ha cuestionado que en su sentencia el TSJ apunte a que únicamente se debe convocar un referéndum cuando la iniciativa la realice el 15 por ciento de los electores inscritos, y ha considerado que con esta sentencia el TSJ defiende que "la decisión emanada de un poder que actúa en representación del pueblo está por encima del pueblo mismo".

Potro otro lado, ha destacado que es necesario determinar las diferencias entre convocatoria de la Constituyente e iniciativa de la convocatoria, criticando que el pueblo tiene "menos posibilidades" que el propio Gobierno para convocar la Asamblea.

Así, ha señalado que la sentencia del TSJ se limita a analizar sólo una parte de la Carta Magna y que no considera otros derechos, como el de la participación protagónica del pueblo venezolano.

Por último, ha pedido a la sala constitucional que aclare si se puede o no convocar una modificación de la Constitución sin aprobación del pueblo venezolano.

En un comunicado, el TSJ explicó esta misma semana que la sala constitucional ha resuelto una demanda de interpretación de los artículos 347 y 348 de la Constitución, indicando que si bien el pueblo "es el depositario del poder constituyente" y por eso le corresponde la convocatoria, la "iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público".

Así, ha detallado que en este caso corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y a los concejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes".

En este contexto, la sala constitucional del TSJ ha recalcado que en virtud de estos artículos "la sala constitucional del TSJ considera que no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".

Este mismo miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió el plazo de inscripción para los ciudadanos que deseen postularse para formar parte de la Constituyente, un polémico proyecto que la oposición ha llamado a desconocer por considerarlo ilegal.

Si bien el plazo de inscripción en la web finalizaba el jueves, el CNE ha decidido extenderlo un día más.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TPJ) para despojar de sus competencias a la Asamblrea Nacional.