La que supone la segunda huelga desde marzo ha afectado principalmente al sector del transporte público, el transporte aéreo, hospitales, gasolineras y puertos.

   Según declaraciones de los organizadores, la huelga pretende exigir al Gobierno que alivie la presión impositiva ante la caída del poder adquisitivo como resultado de la enorme inflación del país.

   El secretario de Transporte del Sindicato de Chóferes de Camiones, Omar Pérez, ha asegurado en declaraciones a Reuters que el seguimiento de la huelga ha sido "total" y que el paro "es síntoma de que algo está mal".

   La huelga en el transporte público ha supuesto un aumento de la circulación de vehículos particulares. Activistas de partidos de izquierda han bloqueado varios accesos a la ciudad de Buenos Aires.

   En el área portuaria de Rosario, uno de los mayores núcleos exportadores del mundo, la actividad se ha visto reducida. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, la cantidad de camiones con mercancía agrícola que han accedido a las terminales de la región ha caído un 72,2 por ciento con respecto al lunes, lo que supone una cifra de tan sólo 985 vehículos.

   La huelga, que tiene lugar en mitad de las negociaciones salariales entre sindicatos y empresas, fue convocada inicialmente por los gremios de trabajadores del transporte, y luego se adhirieron las poderosas centrales sindicales opositoras y partidos de izquierda.

   El Gobierno ha rechazado las demandas de los gremios y ha atribuido la protesta a objetivos políticos de los sindicatos opositores en un año electoral. "El paro es un paro político con objetivos claros, que es el de generar este tipo de confusiones", ha afirmado este martes el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien ha añadido que "buscan generar zozobra y preocupación a quienes quieren ir a trabajar y no pueden".

EL OBJETIVO DE LA HUELGA

   Los organizadores de la protesta han asegurado que la subida del impuesto a las ganancias que se aplica a los salarios ha quedado desfasada debido a la inflación, que según estimaciones privadas ronda el 25 por ciento anual, y que cada vez más trabajadores se ven obligados a pagar un impuesto pensado originalmente para la clase alta pero que hoy afecta a la clase media.

   Con el objetivo de disminuir el descontento sindical en medio de las demandas de aumentos salariales, el Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, anunció en mayo una rebaja en el impuesto a las ganancias, un cambio que los sindicatos consideraron insuficiente.

   Si bien el Gobierno ha considerado en reiteradas ocasiones que el actual diseño de dicho impuesto resulta injusto para muchos argentinos, también ha destacado que es necesario para solventar los gastos sociales en un momento en que la economía se encuentra estancada y los gastos del Estado siguen creciendo.

   "Yo no creo que si hasta hoy el Gobierno no ha escuchado la voluntad de los trabajadores ahora tenga la voluntad de sentarse a la mesa" de negociaciones, ha añadido el sindicalista Pérez.

   Según dos fuentes consultadas por Reuters, Fernández analiza nuevas modificaciones al impuesto antes de las elecciones de octubre para reforzar el apoyo al partido gobernante.

   Pese a que la presidenta no puede presentarse a una reelección por una restricción constitucional, el oficialismo cuenta con amplias posibilidades de mantenerse en el poder. Los sondeos de opinión muestran que el candidato oficial, Daniel Scioli, lidera la intención de voto para los comicios de octubre junto al opositor Mauricio Macri.