En una entrevista publicada este martes por el diario venezolano 'El Nacional', Ortega Díaz ha reiterado que la Asamblea Constituyente "es inconstitucional" porque "nadie puede convocarla sino el pueblo". Además ha alertado de que "la oferta es engañosa porque no va a resolver los grandes problemas de la alimentación, de los hospitales, de la inseguridad".

El verdadero objetivo que persigue Maduro con la Asamblea Constituyente, ha sostenido, es "perpetuarse en el poder, mantener sometido al pueblo, plagarlo de hambre y miseria, angustia y desesperanza". "El presidente (Hugo) Chávez era un humanista, un hombre con vocación democrática y muy respetuoso del derecho del otro y que nunca tuvo miedo de someterse a unas elecciones. Maduro sí lo ha tenido, evidentemente", ha apostillado.

Ortega Díaz ha considerado que, "aunque todavía tenemos algunos visos que nos indican que no hemos llegado a ser una dictadura en su totalidad, hay acciones del Ejecutivo que son dictatoriales" --"ni en la Cuarta República hubo tantas violaciones de los Derechos Humanos como ahora"-- y ha alertado de que la Asamblea Constituyente podría consolidar la "dictadura" en ciernes.

Así las cosas, ha considerado que "todos los ciudadanos" pueden valerse del artículo 333 de la Constitución, que impone a los venezolanos el "deber" de colaborar para restablecer su vigencia en el caso de que "dejara de observarse". En concreto, ha ratificado su apoyo a las manifestaciones, pero ha subrayado que deben ser pacíficas. "Lo que no estoy de acuerdo es con la violencia", ha incidido.

La fiscal general se ha mostrado dispuesta una vez más a "hacer todo lo que esté en sus manos" para frenar la Asamblea Constituyente. Sin embargo, ha reconocido que tiene un margen de acción limitado porque el mayor recurso, que sería solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que someta a un antejuicio de mérito a Maduro por incumplir su deber, no es posible.

"Estamos frente a un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo (...) ¿Ante qué autoridad puedo hacer una solicitud de antejuicio de mérito contra cualquier alto funcionario?", ha planteado y ha recordado que, frente a peticiones anteriores, el TSJ se ha posicionado siempre para "satisfacer" a Maduro. "Es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo", ha denunciado.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente esgrimiendo que es la única forma de devolver la paz social a Venezuela, que desde abril sufre una nueva ola de violencia por la represión de las protestas contra el Gobierno, que ya han dejado más de cien muertos.

El 30 de julio los venezolanos elegirán a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, de los cuales 173 saldrán de sectores afines al 'chavismo' y 364 tendrán carácter territorial, a lo que se suman ocho representantes indígenas que serán elegidos el 1 de agosto.

La MUD --coalición opositora-- ha denunciado que la Asamblea Constituyente es un intento de Maduro para perpetuarse en el poder. La Organización de Estados Americanos (OEA) y numerosos gobiernos de la región han denunciado una ruptura del orden constitucional en Venezuela por la deriva autoritaria del Gobierno.

Las fuerzas chavistas detienen a dos jueces

designados por la oposición para el

Supremo

Las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido este martes a dos de los jueces designados por la Asamblea Nacional para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con lo que ya son tres los magistrados que han sido arrestados tras la decisión de la oposición de nombrar una corte alternativa a la actual.

La Asamblea Nacional ha informado en Twitter de la detención de Jesús Rojas Torres, magistrado principal de la Sala Electoral, y de Zuleima González, suplente por esta misma sala. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha llevado a cabo dichos arrestos en el estado de Anzoátegui.

La operación se suma al arresto del juez principal de la Sala Administrativa, Ángel Zerpa, acusado supuestamente de traición a la patria. El magistrado, que ha iniciado una huelga de hambre, se encuentra privado de libertad por orden de un tribunal militar, según la ONG Foro Penal.

El viernes pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015, juramentó a los 33 nuevos magistrados del TSJ en un acto celebrado en una plaza de Caracas pese a que el 'chavismo' ha negado la validez de dichos nombramientos.