Los parlamentarios reclaman además a los Gobiernos medidas para "impedir que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios".  

  Estas reivindicaciones se han incluido en una enmienda a un informe sobre vivienda social que se ha aprobado por 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones. La resolución no tiene carácter vinculante sino que supone únicamente una señal política dirigida a los Gobiernos de la UE.  

  La enmienda sólo ha recibido el apoyo de nueve eurodiputados del Partido Popular Europeo, ninguno de ellos español, y de todos los eurodiputados españoles presentes en el voto, a excepción de "populares" y del representante de CiU Salvador Sedó. Así, han votado a favor Izaskun Bilbao (PNV), Ramón Tremosa (CiU), Francisco Sosa Wagner (UPyD), Ana Miranda (BNG), Raul Romeva (ICV) y la delegación de los socialistas españoles.

   La Comisión y los Estados Miembros deben "abordar la solución del drama social que plantean los desahucios y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo". Además, el texto "recuerda que estos se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo".  

  Por ello, la Eurocámara pide que "la normativa europea sobre hipotecas incorpore las mejores prácticas que sean más favorables para los consumidores".  

  Los eurodiputados solicitan además a los Estados miembros que garanticen a los ciudadanos el acceso a alquileres a precios moderados y defienden la creación de regímenes financieros específicos para los hogares más vulnerables en relación con los costes de la energía (como la tarificación justa de la energía, las ayudas específicas o integradas en otras ayudas sociales, la prevención del impago de facturas y la protección contra los cortes de suministro).

   Finalmente, el informe pide a la Comisión Europea que elabore un marco común para fomentar la vivienda social en la UE, con financiación suficiente procedente del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020.

   Los socialistas españoles han celebrado el sentido del voto y han considerado "imperativo" que la legislación europea sobre hipotecas permita la renegociación de la deuda o la dación en pago, porque "si esa opción la tienen las empresas, también la deben tener las familias que han entrado en quiebra", ha declarado Alejandro Cercas. Cercas también ha afeado el voto en contra de los eurodiputados del PP, mientras que el secretario general de los socialistas españolas en el PE, Sergio Gutiérrez, ha lamentado que "las autoridades comunitarias hayan permitido que los bancos rescatados en España siguieran desahuciando".  

  El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, ha dicho que el Gobierno español "debe escuchar a Europa, ya que no lo ha hecho con la ciudadanía cuando se le pidió una reforma de la ley hipotecaria que incorporara la dación en pago".

   "El Tribunal de Justicia Europeo ya se ha pronunciado contra las cláusulas abusivas de la ley hipotecaria española, el Parlamento Europeo le ha otorgado el premio ciudadano 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y hoy se ha pronunciado a favor de una política de vivienda social y justa", ha destacado Romeva.

   Por su parte, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha pedido "garantías europeas, como las que han propiciado las primeras sentencias anti-desahucio en España, para prohibir las prácticas abusivas de las entidades bancarias. También ha considerado necesario reclamar a los bancos "más responsabilidad social corporativa" como "compensación" a la ciudadanía por las ayudas públicas que reciben.