La directiva no ha sido sin embargo aprobada de forma definitiva, ya que persisten las diferencias entre el Parlamento y los Gobiernos sobre cómo supervisar desde la UE que los Estados miembros la incorporen correctamente a sus legislaciones nacionales. Una vez que se pacte esta cuestión, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla.

   "La nueva directiva pone fin a la desregulación del mercado hipotecario europeo y consolida el préstamo responsable", ha dicho el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario de la norma. Su objetivo, ha resaltado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, es "prevenir los comportamientos de préstamos irresponsables en Europa y proteger a los consumidores".

   Por su parte, el eurodiputado del PP, Pablo Zalba, ha respaldado la nueva norma y ha sostenido que la legislación española antidesahucios "sigue la línea" de esta directiva. El representante de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha apoyado la directiva, aunque ha acusado a la Comisión de ser una "sucursal de la gran banca" por haber vetado el decreto andaluz antidesahucios.

   La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

   Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.

   La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.

   Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca que, según Bruselas, les permitirá comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está contratada en una divisa extranjera.

   Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque la directiva prohíbe, en términos generales, ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.

   La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco. Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.

   La nueva norma pretende además crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.