Una de las grandes consecuencias que han dejado las recientes elecciones en Portugal, las terceras en apenas tres años, ha sido la posibilidad de poder modificar la Constitución sin contar con el visto bueno de un histórico de la democracia, como es el Partido Socialista, el gran derrotado de estas legislativas.

Por primera vez en la historia de su democracia, los partidos de la derecha portuguesa cuentan con dos tercios de los diputados de la Asamblea. Una combinación inédita hasta ahora que combina con los números que exige cualquier cambio en una Constitución aprobada en 1976 y sin tocar desde hace 25 años.

El primero en plantear dicha posibilidad fue Iniciativa Liberal (IL). Su líder, Rui Rocha, adelantó al presidente Marcelo Rebelo de Sousa durante las conversaciones para formar gobierno la intención del partido de presentar una propuesta, que ya venía incluida en su programa electoral.

"La Constitución de la República Portuguesa, redactada en 1976, necesita ser mejorada, simplificada y adaptada a la modernidad", dicen los liberales, que aspiran a una menor presencia del Estado en la economía del país y a acabar con el lenguaje posrevolucionario que aún salpica muchas de sus páginas.

Sin ir más lejos, el propio preámbulo de la Constitución está encabezado con el anhelo de "iniciar el camino hacia una sociedad socialista". Una senda por la que tampoco está dispuesto a transitar la ultraderecha de Chega, quien ya en la pasada legislatura apostó por una "limpieza ideológica" de la ley fundamental.

LIBERALES Y ULTRADERECHISTAS, AL FRENTE DE LAS DEMANDAS

Los detractores la Constitución sostienen que es necesario "modernizar" un Estado demasiado centralista y lento burocráticamente para hacer frente a los grandes desafíos de este siglo, como son la emergencia climática, los grandes flujos migratorios, la digitalización de la sociedad, u otros cambios globales.

Así, han planteado conceder más autonomía regional, en especial lo que atañe al estatuto político-administrativo de sus territorios insulares --Madeira y Azores--, que ya en 2004 se benefició de una modificación en este sentido; una reducción del número de diputados, o una reforma electoral, o de la justicia.

Iniciativa Liberal propone desde el reconocimiento de la propiedad privada como derecho fundamental, a una mayor fiscalización de los partidos con el fin de las exenciones fiscales, o acabar con la jornada de reflexión durante las elecciones.

Chega, en su reforma política presentada en la pasada legislatura --que no llegó a votarse debido a la disolución de la Asamblea para convocar elecciones--, apuesta por acabar con la inmunidad parlamentaria de los diputados siempre que no sea incompatible con sus funciones, o aumentar los periodos de inhabilitación.

La izquierda, no obstante, ha advertido de que bajo esta pátina de modernidad se esconde, entre otras cuestiones, un interés por privatizar la educación y la salud --los liberales buscan cambiar un modelo universal por uno mixto--, o provocar profundas alteraciones desde el punto de vista penal, tal y como ha defendido Chega, con la entrada incluso de la cadena perpetua.

"Ya sabíamos que a Iniciativa Liberal le gustaban las motosierra, ahora sabemos también que le gusta echar gasolina al fuego", reprochó el líder de Livre, único partido de la izquierda que mejoró sus resultados en estas elecciones, Rui Tavares, quien confía en que el primer ministro conservador Luís Montenegro no utilice esta legislatura para dar rienda suelta a las aspiraciones de sus teóricos socios.

DIVISIÓN DENTRO DEL PSD

Dentro del conservador Partido Socialdemócrata (PSD) de Montenegro son varios los puntos en los que coinciden con el resto de las derechas, principalmente en salud y Justicia, donde defiende un mayor acceso al Tribunal Constitucional a través del amparo frente a decisiones judiciales que "violen derechos, libertades y garantías", si bien es esta una innovación del gusto de todo el arco parlamentario.

Sin embargo, la tentación de contar con los 154 diputados necesarios para sacar adelante estos cambios se ha topado con un destacado rechazo en el seno de las filas del PSD, entre ellos el de algunos miembros históricos, que han advertido de los riesgos de dar ese paso tan importante sin contar con el Partido Socialista.

La Constitución portuguesa ya ha sido revisada siete veces desde que fue aprobada en 1976, la última de ellas en 2005, para incluir la celebración de referéndum sobre los tratados de la Unión Europea.