UPyD ha presentado una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Caja Madrid, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios y administración fraudulenta o desleal contra los consejeros de la entidad y los integrantes del consejo.

   Así lo han explicado en rueda de prensa la portavoz de la formación, Rosa Díez, y el abogado de UPyD, Andrés Herzog, que han señalado que con esta acción buscan que se sepa "la verdad" de lo ocurrido en la caja madrileña y que los culpables "asuman responsabilidades".  

  UPyD denuncia que las cuentas de la entidad "estaban maquilladas" y apunta que los 152.000 millones de euros en activos que supuestamente aportaba Caja Madrid a Bankia en el momento en que se constituyó el banco, así como el patrimonio neto de 5.100 millones, "se volatilizaron". A ello suman las retribuciones "estratosféricas" de sus directivos.

   "Caja Madrid abonó 3,5 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en 2010, al mismo tiempo que daba al que en ese momento era presidente de Bankia, Rodrigo Rato, 2,7 millones de euros", ha precisado el letrado.

RETRIBUCIONES "INAUDITAS"

   Según subraya UPyD en la demanda, las retribuciones establecidas a favor del comité de dirección son "inauditas", ya que contribuyeron a que entre 2007 y 2010 se repartieran 71,9 millones de euros entre una docena de directivos, con una media de 17 millones por ejercicio.  

  En concreto, alerta de que Blesa percibió un total de 12,4 millones de euros en estos cuatro años, Ildefonso Sánchez Barcoj 9,7 millones, Matias Amat Roca 9,7 millones, Enrique de la Torre 7,2 millones y Ricardo Iglesias Morado 6,2 millones de euros

.    UPyD considera que las retribuciones incurren en la calificación de conducta abusiva y desleal "penalmente relevante" debido a que "no están retribuyendo ningún tipo de excelencia profesional" y agrega que la mayoría de ellas se acordaron o modificaron "a la vista de que la previsible fusión o integración de Caja Madrid" iba a dejar a los miembros del comité y del consejo sin cargo.

"MÚLTIPLES IRREGULARIDADES"  

  La formación política basa su demanda en las "múltiples irregularidades" detectadas por el Banco de España en la gestión de Caja Madrid y que "fueron ignoradas" por la entidad. Así, precisa que la aportación de activos y patrimonio de la caja era "irreal", ya que "se realizó ocultando e ignorando las innumerables irregularidades detectadas" por el supervisor en sus informes de inspección.    En este sentido, resalta que el 25 de junio de 2012 se produce "el afloramiento de la verdadera situación patrimonial" de BFA y de las cajas de ahorro propietarias de la misma, "que pierden el 100% de su participación en favor del FROB".  

  "Los supuestos activos de Caja Madrid aportados 18 meses antes y supuestamente valorados en 152.230 millones de euros (a cambio de lo cual obtuvieron un 52,06% del capital) pasan a valer cero euros, o lo que es lo mismo, nada", apunta la demanda.

   La formación magenta también fundamenta la demanda en las "múltiples irregularidades e incumplimientos de la cartera hipotecaria calificada de alto riesgo" y hacen especial énfasis en la falta de cumplimiento de los requisitos formales en la concesión de créditos y en los créditos concedidos a clientes sin capacidad económica o mantenidos a pesar del deterioro de la situación económica del cliente.  

  Además, se apoya en el deterioro del fondo de comercio de algunas de las principales participadas por Caja Madrid, entre las que cita el grupo SOS-Cuétara (con un deterioro de 77 millones de euros), Mecalux (deterioro de 71 millones) y City National Bank of Florida (deterioro de entre 540 y 572 millones de euros).   

Por último, aducen la "penosa e insostenible situación" en que ha quedado la Obra Social, de Caja Madrid "tras la gestión de sus consejeros y directivos". "Hoy día hay una Obra Social insostenible, convertida en fundación", ha añadido Herzog.   

Tras presentar la denuncia ante Anticorrupción, Díez ha afirmado que la formación lleva a cabo esta acción antes de que los delitos prescriban y antes de que se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, según ha dicho, podría impedir a los partidos políticos iniciar procesos de este tipo.