En total, según la agencia de la ONU, las organizaciones humanitarias prevén que más de 4,9 millones de personas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago, necesitarán ayuda este año debido a la ola migratoria que está provocando la crisis en Venezuela. Actualmente, unos 500.000 niños, entre los que están en tránsito y los que se encuentran en comunidades de acogida, necesitan ayuda

La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, ha considerado "alentador" el esfuerzo del Gobierno venezolano de "buscar soluciones regionales conjuntas a los retos que plantea la migración a gran escala, ya que están en línea con los estándares internacionales y las leyes nacionales, como el protocolo adoptado por Ecuador para proteger a los niños desarraigados".

Sin embargo, UNICEF considera "evidente" que dado que la crisis continúa y el número de migrantes venezolanos en la región sigue aumentando, servicios esenciales como protección, atención sanitaria y educación tanto en los países de tránsito como en los de acogida "están sufriendo una sobrecarga adicional".

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, buena parte de ellos durante 2018, y las previsiones son que para finales de este año la cifra alcance los 5 millones.

La agencia de la ONU ha denunciado que los niños venezolanos y sus familias se enfrentan a dificultades a la hora de regularizar su estatus migratorio, lo cual a su vez puede afectar a su acceso a protección social, atención sanitaria, desarrollo infantil temprano, educación, protección infantil y medios de vida sostenibles.

Por otra parte, ha añadido, la falta de políticas públicas integrales en las comunidades de acogida en materia migratoria está poniendo a los niños en un mayor riesgo de sufrir discriminación, violencia, separación familiar, xenofobia, explotación y abuso.

En este sentido, ha expresado su especial preocupación ante las informaciones de casos de xenofobia, discriminación y violencia contra niños y familias venezolanas en comunidades de acogida, y ha recordado que los menores separados y no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las personas indígenas están en un riesgo mayor.

Así las cosas, Perceval ha subrayado que "los estándares internacionales de los Derechos Humanos piden a los estados que permitan la entrada y el registro de los niños como una precondición para llevar a cabo los procesos iniciales de evaluación para su protección".

"Incluso cuando no están acompañados ni llevan documentación oficial, deberían ser dirigidos inmediatamente a personal especializado, que pueda evaluar sus necesidades de protección", ha reclamado la responsable de UNICEF.

Según la agencia de la ONU, registrar a los niños en tránsito es el primer paso para garantizar sus derechos. Además, ha añadido, la información recogida durante el proceso de registro también proporciona a los estados información valiosa para planear y presupuestar mejor su respuesta.

UNICEF ha hecho un llamamiento por valor de 69,5 millones de dólares (61,9 millones de euros) para abordar las necesidades de los niños desarraigados procedentes de Venezuela, así como de los que están viviendo en comunidades de tránsito y acogida en la región de América Latina y el Caribe.