Así consta en los nuevos criterios aprobados por la comisión ejecutiva del Banco de España en materia de refinanciación y reestructuración de créditos.    Para clasificar las operaciones como riesgo normal, la banca tendrá que tomar en consideración la inexistencia de un "dilatado" período de carencia, cuotas mensuales que no superen un porcentaje significativo de los ingresos recurrentes en el caso de los particulares o la adición de nuevos avalistas de "indudable" solvencia o de nuevas garantías eficaces.  

  Por otra parte, serán consideradas como riesgo "dudoso" aquellas operaciones en las que, teniendo en cuenta factores tales como la existencia de garantías eficaces, el otorgamiento de períodos de carencia en la amortización del capital superiores a 30 meses, o la procedencia de refinanciaciones o reestructuraciones previas, se evidencie "acusada" debilidad en la capacidad de pago del prestatario.

   En una carta de los directores generales de regulación y supervisión a las asociaciones del sector financiero, el organismo liderado por Luis María Linde informa de que las operaciones serán consideradas como "riesgo subestándar" salvo que existan estas "circunstancias objetivas" que justifiquen su clasificación como riesgo "normal" o "dudoso".

    El Banco de España adelanta que propone prestar atención a esta materia en las actuaciones supervisoras para este año. El regulador argumenta los nuevos criterios ante las diferencias en políticas contables de las entidades.

  El objetivo del organismo liderado por Linde pasa por evitar "desvirtuar" el reconocimiento del deterioro por riesgo de incumplimiento. Para ello, fija entre los criterios generales que las decisiones deberán sustentarse en un análisis individualizado de la capacidad de pago del prestatario sobre la base de una generación de ingresos recurrentes, suficientes y contrastables, así como que las condiciones deberán estar basadas en un esquema de pagos "realista", preferiblemente a través de cuotas periódicas coherentes con la generación de ingresos del prestatario.  

  El supervisor señala además que las entidades deberán disponer de estimaciones "suficientemente actualizadas" del valor de las garantías existentes, adecuadas a las condiciones del mercado. "Las decisiones adoptadas deberán ser revisadas periódicamente, con el fin de comprobar su eficacia y la posible existencia de incidencias", agrega.