El tribunal de la Sección Segunda desestima de este modo el recurso de apelación que el abogado de Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, interpuso contra la decisión del juez, y en el que alegaba la necesidad de disponer de los fondos para pagar los honorarios de la defensa así como los del fiscalista con cuyos servicios han contado en distintos procesos de inspección de la Agencia Tributaria.

   Ante esto, la Sala asevera que si el asesor fiscal quiere reclamar el importe de los trabajos realizados y éstos no le son sufragados, "desconociendo si posee ingresos o bienes libres con que atender a su pago", habrá que solicitarlos judicialmente. Del mismo modo, recalca que la defensa del matrimonio puede instar la vía de apremio en caso de que Torres y su mujer no hagan frente al pago que le adeudan.

   El dinero del matrimonio fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y que se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo.

   En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma recordaba que el bloqueo del dinero tiene como objetivo garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de estas investigaciones, "no que este Juzgado acabara convirtiéndose en su administrador o filtro de los cargos que debieran ser atendidos" a través de la anterior entidad bancaria.

   En un anterior escrito, la defensa de Torres aseveraba que tanto éste como su mujer se encuentran desde septiembre de 2011 "sin la posibilidad de obtener ingreso alguno derivado de actividades profesionales, dado que resulta de todo punto imposible su acceso al mercado de trabajo, más aún en una época de extraordinaria y severa crisis en todos los sentidos del término".

   Una situación que, añadía el abogado Manuel González Peeters, "provoca no sólo gravísimos problemas que alcanzan a su propia subsistencia personal, haciéndola insostenible, sino que además hace peligrar seriamente el mantenimiento de los bienes inmobiliarios" que el matrimonio ofreció en garantía para hacer frente a la fianza civil conjunta posteriormente rebajada a 6,1 millones que decretó el juez Castro contra Torres y Urdangarin, "a la par que hace inviable el poder afrontar las deudas que mantienen".

   Precisamente, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.