El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido su competencia para investigar la primera querella interpuesta por delitos de terrorismo y desaparición forzada contra nueve miembros de las Fuerzas de Seguridad e Inteligencia sirias presentada en España en nombre y representación de la hermana de nacionalidad española de una víctima del conflicto sirio y que denunciaba la detención ilegal, tortura y ejecución de su hermano en el año 2013.

En un auto conocido este lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de terrorismo y desaparición forzada y admite la querella pese al criterio de la Fiscalía, que consideraba que la Audiencia Nacional no era competente para investigar estos hechos tras la reforma que limitó la Justicia Universal.

Sin embargo Velasco justifica su decisión amparándose en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2014 en la que instaba a Siria y en el veto chino y ruso a la propuesta de remitir la situación a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que provocó que se determinara la necesidad de aplicar "vías alternativas para obtener Justicia" incluyendo procesos en los tribunales nacionales.

El magistrado acuerda que se notifique la querella interpuesta por el equipo de abogados internacionales de G37 el pasado mes de febrero a los nueve miembros de la fuerza de Seguridad a través de comisión rogaroria a dicho país y cita además a declarar el próximo 10 de abril como testigos a la mujer que presentó la querella, Amal Hag-Hamdo Anfalis, y a un testigo conocido como César, antiguo policía militar forense sirio que sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal.

PLAN DE SEGURIDAD TERRORISTA

El magistrado destaca que el archivo fotográfico con más de 50.000 imágenes de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal, incluye "claras señales de tortura" y que del testimonio de los supervivientes se deduce que las condiciones en las cárceles son "inhumanas y degradantes".

"Los hechos denunciados responden a la implementación de un plan de seguridad terrorista desarrollado por altos cargos de las fuerzas de seguridad con el objetivo de sembrar terror e intimidad a la población civil mediante una campaña de detenciones ilegales masivas y la práctica de desapariciones forzadas y torturas", reza el auto.

Velasco matiza que no puede investigar si se ha cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura porque el tribunal, tras la reforma de la Justicia Universal, solo es competente si el procedimiento se dirige contra un español o ciudadano extranjero con residencia en España, circunstancias que no se dan en este caso.

No obstante, entiende que sí tiene competencia para estudiar si se ha cometido delito de terrorismo, pese al criterio del Ministerio Público y desaparición forzada porque la hermana de la víctima sí tiene nacionalidad española en el momento en que se cometieron los hechos.

En su resolución, el magistrado interesa de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias e otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras o personas pertenecientes a la Administración de Siria.

"ES UN PASO IMPORTANTÍSIMO"

Por su parte, el despacho de abogados G37 ha precisado que la decisión del magistrado es "extremadamente importante" no solo para la lucha por la Justicia de las víctimas sino "para la exigencia de investigar y enjuiciar crímenes internacionales por parte de los tribunales nacionales, cuando la Corte Penal Internacional se ha visto imposibilitada para hacerlo".

"La decisión del Juez Velasco es un paso importantísimo para el esfuerzo europeo que lideran varias jurisdicciones nacionales de crear una comisión de investigación que aúne los esfuerzos y permita obtener justicia para esta terrible crisis humanitaria. Hoy es un día muy importante para nuestra representada y para las personas que han sufrido y siguen sufriendo en Siria", defiende Almudena Bernabéu, socia de G37 y de Guernica37, en una nota recogida por Europa Press.

El equipo de abogados internacionales de G37 basó la primera acción penal de justicia transnacional contra miembros de las Fuerzas de Seguridad sirias en la elaboración de un plan por parte del Estado sirio para terminar con las manifestaciones espontáneas que comenzaron en marzo de 2011 con motivo de la Primavera Árabe.

Además, acusó al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al-Assad, de cometer a través de sus Fuerzas de Seguridad e inteligencia, delitos de terrorismo contra la población civil.