Los magistrados de la Audiencia de Madrid se han reunido este viernes para estudiar varios recursos presentados contra el procedimiento, entre ellos el interpuesto por la Fiscalía solicitando la nulidad de la causa que fue reabierta por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, el pasado mes de noviembre.   

 La magistrada Rosa María Quintana será la encargada de redactar la ponencia del auto en el que la Audiencia de Madrid dará a conocer la próxima semana si anula o no la causa relativa al préstamo a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la caja madrileña.  

  La Audiencia de Madrid tiene pendiente de estudio otro recurso interpusto por el Ministerio Público contra el auto de prisión incondicional dictado contra Blesa en una pieza separada de esta causa, la que investiga la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida.  

  Este asunto será visto por la Sección 15 de la Audiencia Provincial. La defensa del banquero ha recurrido la decisión del juez Silva de desgajar la investigación contra Blesa abriendo una pieza separada sobre la adquisición del banco con sede en Miami.  

  Fuentes jurídicas han informado de que la decisión de abrir una pieza separada sobre el banco de Florida limita la actuación de la Audiencia de Madrid a la investigación sobre el crédito y la obliga a reunirse en una segunda ocasión para determinar si anula la pieza referida al City National Bank, por la que Blesa regresó el pasado jueves a prisión.

DELITOS SOCIETARIOS Y FALSEDAD  

  El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos  delitos societarios y falsedad documental.  

  Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un "holding" empresarial que se encontraba en quiebra".  

  El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".