El Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 4,1 millones de euros el desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Una fianza que tendrá que ser depositada de forma solidaria por 28 investigados en el plazo de 15 días. Pero según el tribunal, no todos han participado de las mismas partidas de gasto. De hecho, atribuye al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras más responsabilidad en el gasto por el referéndum ilegal, que al expresidente Carles Puigdemont, huído de la Justicia.

El órgano fiscalizador cree que el exvicepresidente tiene responsabilidad en partidas que suman 3,6 millones de euros, cantidad que tendrá que depositar de forma solidaria junto con otros miembros del Govern. Mientras tanto considera que Puigdemont participó de partidas que suman 2,1 millones, algunas de ellas coincidentes con las de Junqueras, por lo que no se puede realizar una suma de ambas, ya que se trata de fianzas solidarias.

La delegada instructora ha citado este martes a los representantes legales de los investigados para comunicar el acta de liquidación provisional que ha levantado una vez que ha concluido la instrucción que se inició tras las denuncias de Fiscalía, Sociedad Civil Catalana y Abogos Catalanes por la Constitución por los gastos ocasionados por el referéndum y los ha cifrado en 4.146.274,97 euros. De esta cantidad, 3.903.294,86 euros corresponden a fondos públicos y el restante a los intereses provisionales devengados desde que ocurrieron los hechos.

CONCRETA GASTOS EN 13 PARTIDAS

Ha concretado la cantidad que se invirtió en un total de 13 partidas, así como los presuntos responsables de cada uno de ellos a los que se les imputa una responsabilidad directa y solidaria en función de cada hecho irregular en el que hubiera participado.

Así, ha valorado los gastos del aplicativo 'referendum.cat' y 'crida extra' (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).

De todas estas partidas, Junqueras aparece en siete, una más que el ex 'president'. Asimismo, a los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull se les considera responsables, junto a otras personas, de ocho apartados que suman 2,3 millones de euros, por lo que también podrían abonar más cantidad que Puigdemont.

Junqueras y Puigdemont son responsables de los gastos relativos a la campaña Civisme, Unipost, cartelería para el 1-O, invitaciones a europarlamentarios y observadores internacionales, a lo que habría que añadir en el caso del exvicepresidente el coste que supuso la reforma del CTTI.

Según han informado las sociedades demandantes, esta fianza podrá aumentar en los "próximos meses", ya que la instructora ha comunicado que citará a todos ellos de nuevo para comunicarles un acta de liquidación complementaria, en la que se incluirán más gastos de acción exterior. En concreto, las ejecutadas por las denominadas 'embajadas' catalanas entre los años 2011 y 2017.

LISTA DE INVESTIGADOS

Hasta entonces, los investigados tienen 15 días de plazo para abonar, cada uno según lo que le corresponda de acuerdo a su responsabilidad, los 4,1 millones de euros en los que se ha cifrado los gastos del 1-O. En el caso de que no se cubra este importe, la delegada instructora podrá ordenar el embargo de bienes.

Además de Puigdemont y Junqueras --éste último condenado a 13 años de prisión por el delito de sedición por el Tribunal Supremo por el 'procés' independentista--, se encuentran investigados los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa); y Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos).

El Tribunal Supremo solo condenó por el delito de malversación de caudales públicos en el 1-O a cuatro de los nueve exconsejeros de Puigdemont, concretamente a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también considera presunta responsable a la exconsejera Neus Munté --cesada tres meses antes del referéndum-- y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Ignasi Genovés, Francesc Sutrías, Teresa Prohias, Albert Royo, Josep Ginesta y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal (procesados por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del 1-O).

La lista la completan el responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre, para quien la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió que se le abriera una investigación por sus evasivas a la hora de contestar a las preguntas que le formulaba en el juicio por el 'procés', y el que fuera 'número dos' de Junqueras, Josep María Jové, uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. A este último tan sólo se le atribuye la partida correspondiente a los gastos de la rehabilitación de la nave anexa al CTTI.

Aunque la instructora ha citado a las defensas de 31 investigados, ha acordado dejar fuera de este procedimiento a los interventores Eva María Pardo y Jordi Serra y al director general de Economía Social de la Generalitat, Josep Vidal.

Una vez finalizada esta instrucción, el procedimiento continuará como "procedimiento de reintegro" que llevará a cabo el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, a quien le correspondió por turno este asunto.