Viernes, 15 de agosto de 2025
no se recurre al dar "cumplida razón" a sus tesis sobre las Torres de Meirás como patrimonio público.
IU y Podemos exigen al Gobierno recurrir la sentencia sobre el Pazo de Meirás que obliga a indemnizar a los Franco
Los responsables a nivel estatal de Memoria Democrática de Podemos e IU, Paco Gracia y Esther López Barceló, respectivamente, han advertido en un comunicado de que "no se puede sentar ningún peligroso precedente que obligue no solo ahora, sino en el futuro por otros casos aún en disputa, a destinar centenares de miles de euros para pagar a la misma familia del dictador que se ha aprovechado durante décadas de bienes públicos y que sigue aferrándose a ellos con uñas y dientes".
Para ambos dirigentes, el fallo judicial también confirma que el Pazo de Meirás es patrimonio público a todos los efectos y, por tanto, la Abogacía del Estado se sume al recurso anunciado por el Ayuntamiento de Sada, algo que a su juicio también debería realizar la Xunta de Galicia "sin buscar excusas".
"Nadie podría entender que esto pase mientras en nuestro país no se ha reparado el daño a las miles de familias represaliadas por el franquismo, muchas de las cuales tienen aún a sus seres queridos en las cunetas", han coincidido en un comunicado conjunto.
López Barceló ha asegurado que "resulta incomprensible que en un Estado de Derecho se avale la tesis de que no hubo 'mala fe' en el expolio continuado de un bien patrimonial por parte de la familia Franco", como justifica el último fallo judicial, cuando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña "sí consideró que se dio esta 'mala fe' sin género de dudas".
En el mismo sentido, Paco Gracia ha apostillado que "aquí no se está hablando de una especie de 'expropiación' que deba ser compensada con dinero público cuando se lleva a cabo, sino de una restitución de un bien público. Los Franco nunca compraron el Pazo de Meirás con su dinero. Pagarles ahora sería hacer pagar a la ciudadanía dos veces y repetir la injusticia".
"La justicia debe estar al servicio de la democracia y no de los intereses de quienes la aplastaron por la fuerza y a costa de miles de vidas humanas. Otra cosa resulta incomprensible y ofensiva", han concluido.
El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, explicó ayer que la decisión de la Abogacía del Estado de no recurrir esta sentencia se adopta al considerar que el mismo es "técnicamente favorable a los intereses del Estado". Así, argumentó que no se recurre al dar "cumplida razón" a sus tesis sobre las Torres de Meirás como patrimonio público
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