Hasta el punto de que los jueces habrían terminado convirtiéndose en "soldados obedientes" al servicio del régimen.

   "El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes". Con estas palabras, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha cargado contra un sistema que, según la ONG, no acepta ninguna voz opositora.

   La organización ha documentado 31 casos de personas procesadaspor la vía penal o amenazadas con ser investigadas por criticar públicamente al Gobierno. Entre estos casos, detectados en Caracas y en otros cuatro estados del país entre octubre de 2014 y julio de 2015, figuran 22 personas vinculadas a medios de comunicación que informaron de la supuesta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico.

   Aunque la mayoría de los detenidos han obtenido la libertad condicional, los cargos penales y las investigaciones se mantienen vigentes, ha advertido HRW, que de esta forma ha repudiado las acciones judiciales a las que se enfrentan voces críticas menos conocidas que Leopoldo López, Antonio Ledezma o Maria Corina Machado.

   Vivanco ha lamentado que las autoridades hayan "abusado" de forma "recurrente" de su posición para "limitar" la libertad de expresión. Esta persecución, ha añadido, "impide un debate abierto y democrático", algo que Vivanco considera "especialmente importante" de cara a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el próximo 6 de diciembre.

   El Código Penal venezolano prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien provoque "pánico" o "zozobra" en la población al difundir "información falsa". Además, castiga con hasta cuatro años la publicación de información que pueda exponer a alguien al "desprecio o al odio público" o que sea "ofensivo a su honor o reputación".

JUSTICIA INJUSTA

   HRW ha añadido a los intereses políticos del Gobierno la falta de un poder judicial independiente, algo que, para la ONG, "agrava considerablemente" la amenaza que ya representan de por sí las leyes contra la libertad de expresión. En este sentido, Vivanco ha asegurado que se está produciendo un "gravísimo abuso del sistema judicial".

   "No existen instituciones verdaderamente independientes en Venezuela que puedan proteger los Derechos Humanos y actuar como frenos y contrapesos del poder ejecutivo", ha apuntado. "Amenazar y perseguir penalmente a las personas que denuncian los problemas que atraviesa Venezuela no va a conseguir que estos problemas desaparezcan", ha agregado.

   Entre los casos recogidos por HRW en su informe figura el del empresario Fray Roa Contreras, detenido por los servicios de Inteligencia (SEBIN) el 24 de julio, un día después de criticar las políticas económicas del Gobierno en una entrevista con CNN. Contreras sigue bajo arresto y será juzgado por difundir información falsa que "cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra".

   El SEBIN también se encargó de detener el 18 de abril al responsable de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado de Lara, Luiz Vásquez, que criticó públicamente las políticas de regulación del suministro. Un día después, el ministro de Justicia aseguró en Twitter que Vásquez formaba parte de una "misión" para "desestabilizar la tranquilidad" del país.

   El 5 de febrero, el presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, el médico Carlos Rosales, fue detenido tras conceder una entrevista televisada en la que habló de la escasez de productos médicos en Venezuela.

   HRW ha expuesto los casos de Contreras, Vásquez y Rosales, entre otros, como ejemplo de los interrogatorios, detenciones y procesos penales que estaría llevando a cabo el Gobierno de Maduro sólo por el hecho de quitarse de en medio a supuestas voces críticas. El presidente, sin embargo, suele hacer caso omiso de estas críticas y considerarlas al servicio de supuestos planes desestabilizadores.