En un breve comunicado, el director ejecutivo de la división de América de HRW, José Miguel Vivanco, ha criticado que "varios" opositores han sido "condenados penalmente sin evidencias", entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en la prisión de Ramo Verde desde febrero de 2014.

Asimismo, ha señalado que además de los condenados otros han sido "inhabilitados arbitrariamente para participar en política", como ha hecho con Capriles. "Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía", ha advertido.

"Venezuela sufre una dictadura con todas sus letras y la necesidad de una acción multilateral firme y decisiva para proteger a los venezolanos es cada día más urgente", ha concluido.

Capriles anunció previamente que ha recibido una notificación para informarle de que ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años, en medio de la escalada de tensión por la crisis institucional desatada en la nación caribeña.

No obstante, el líder opositor ha desoído la citada notificación y ha anunciado en una alocución ante los medios que realizará una gira por todo el país.

"Para nadie es un secreto mi aspiración para dirigir este país", ha explicado, matizando que "más allá de una aspiración es el deseo de todo el pueblo venezolano". Capriles, en un discurso retransmitido a través de la aplicación de vídeos en directo Periscope, ha tildado de "intolerable" no sólo su inhabilitación sino "lo que está viviendo el pueblo".

"Aquí hay gente muriendo de hambre, en los hospitales. ¿Y mientras qué hace el Gobierno? ¡Nada!", ha criticado, acompañado de varios miembros de la oposición. En este contexto, ha recordado la movilización prevista para este sábado en Caracas, convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) con el fin de restablecer "el hilo constitucional" en Venezuela.

Capriles ha recordado que "sobran las razones para movilizarse" y que precisamente su inhabilitación tiene que ser una "razón más para salir a las calles".

Asimismo, ha aprovechado para pedir a sus "compañeros de trabajo" que le apoyen para que pueda "recorrer cada uno de los pueblos de Venezuela". "Hoy me declaro en campaña, no como candidato sino para cambiar todo Venezuela. Me voy a ir hasta el último pueblo de este país", ha gritado ante los aplausos de los asistentes.

"Si la dictadura chilla es señal de que estamos avanzando", ha agregado.

INVESTIGACIÓN CONTRA CAPRILES

La Contraloría General ha sancionado esta semana a Capriles con el pago de una multa de diez dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda", algo que el gobernador estatal interpretó como un intento de "inhabilitación" política.

La institución venezolana, encargada de vigilar a los servidores públicos, investiga además a Capriles por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de un escándalo de pago de sobornos para conseguir obras públicas en toda la región.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, ha acusado a Capriles de instigar los disturbios en los que desembocó la marcha opositora celebrada el pasado martes en Caracas para denunciar un "golpe de Estado" por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este contexto, los dirigentes opositores han expresado su respaldo al gobernador de Miranda. "Derrotemos unidos y ahora la dictadura para que todos los venezolanos recuperemos nuestros derechos", ha escrito en Twitter María Corina Machado.

Capriles es uno de los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ha sido su candidato presidencial en las últimas elecciones, por lo que su inhabilitación dejaría a la coalición opositora sin una de sus principales bazas de cara a la cita electoral de 2019.

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dichos fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la OEA expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.