Cerca de 2.000 agentes de Policía están controlando una marcha que podría reunir a más de medio millón de personas, según los organizadores, la mayor protesta desde la convocada en 2003 contra otra propuesta de ley, esa vez para endurecer la normativa de seguridad nacional.

La marcha tiene lugar antes de que el consejo de Gobierno de Hong Kong discuta el miércoles la llamada Ley para los Delincuentes Fugitivos, que podría entrar en vigor a finales de este mes bajo los auspicios de la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, cuyos intentos para relajar los términos de la propuesta a gusto de la población no han causado efecto.

De hecho, algunos de sus manifestantes han acudido a la marcha para pedir directamente su dimisión, aguantando los 32º de temperatura con botellas de agua en una marcha que ha unificado a grupos tradicionalemente distantes como empresarios progubernamentales y estudiantes de oposición.

"Yo he venido aquí a luchar", ha declarado Lai, de 78 años y en silla de ruedas, acompañado del maestro de escuela Garry Chiu. "Esto ya no se trata de mí", ha declarado el profesor, acompañado de su mujer y de su hija de un año. "Tengo que salvar a mi hija. Esta ley implica que no van a detenerte: vas a desaparecer, porque en China no existen los Derechos Humanos", añade.

Para el estudiante Kelvin Tam, la ley implica la "desaparición 'de facto' del dique de contención que es nuestra independencia judicial", según explicó mientras marchaba en una concentración que se repetirá en 25 ciudades de todo el mundo contra una medida que viola, a juicio de la oposición, las garantías de autonomía recibidas en 1997, cuando Reino Unido cedió a China el control, con condiciones, de la antigua colonia británica.

Incluso los propios jueces de Hong Kong han expresado su preocupación por la posible entrada en vigor de la leyñ. Uno de ellos, miembro del Alto Tribunal de Justicia, llegó incluso a ser amonestado por la magistratura del Supremo tras conocerse que había firmado en una petición pública para detener el proceso de aprobación de la ley.

Aunque fuentes del Gobierno han asegurado que "están escuchando a la población", y han recordado que en ningún caso se piensa en aplicar esta ley a delincuentes que puedan acabar condenados a muerte, entre otras medidas de alivio, de momento no hay nada que indique que vayan a paralizar un proceso que ha alarmado también a las ONG, que aseguran que los extraditados se enfrentarán a posibles confesiones forzadas y falta de asistencia legal en China.