El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, ha declarado a la juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".   

 Según han informado a los periodistas varios de los abogados presentes en la declaración, Guerrero ha trasladado a la magistrada que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a exconsejeros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera o Isaías Pérez Saldaña. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte, Saldaña por la faja pirítica de Huelva y así cada uno por su provincia", ha detallado.

   En este sentido, y según los letrados presentes en la declaración, Francisco Javier Guerrero, que se encuentra "muy tranquilo", habría dicho que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema --de concesión de ayudas--, es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria".

De hecho, habría señalado que la denominada partida 31L era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".   

Además, el imputado ha asegurado que el convenio-marco suscrito a fin de regular las ayudas "se hizo ante el reparo en el último pago de las nóminas en Cárnicas Mólina, y se hace ante la preocupación del Gobierno de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis", aunque, posteriormente, ha llegado a decir que el convenio "no se hizo para evitar reparos" por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.   

Ha añadido que a él, personalmente, "no le gustaba mucho el convenio, porque era discrecional" y le generaba "peleas" con el IFA, de manera que "le hubiera gustado una orden o decreto para que llegara a más gente", punto en el que ha precisado que los borradores de orden o decreto que planteó "fueron al Consejillo --presidido por Zarrías-- y no los vieron".   

De igual modo, Guerrero ha reconocido que las ayudas "eran subvenciones, pero no se seguía el procedimiento legal", añadiendo que, "en su época, los expedientes estaban completos".   

 Guerrero presta declaración después de que la juez Alaya le haya realizado un extenso relato de los hechos por los que le imputa hasta seis delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. La magistrada ha realizado un segundo receso sobre las 15 horas y la declaración se reanudará a las 16,15 horas.