El Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu ha prometido un traspaso "sereno", en palabras de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, a través de un proceso en el que se incidirá en el reconocimiento de la labor de los trabajadores de estos centros y del sufrimiento que han padecido por causa de ETA. También quieren potenciar la reinserción social de los reclusos.

66 TRASLADADOS AL PAÍS VASCO

Uno de los colectivos que más reservas ha mostrado ha sido el de las víctimas del terrorismo, muy crítico con la política del Gobierno de Pedro Sánchez que ha propiciado el acercamiento de presos etarras: 263 traslados que se corresponden a 202 internos, de los que 190 siguen cumpliendo condena en España. En concreto, se ha autorizado el traslado a algunas de las tres cárceles vascas de 66 condenados por atentados y delitos relacionados con la banda terrorista.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y otros colectivos rechazan de plano estos traslados sin colaboración previa con la Justicia ni mostrar un verdadero arrepentimiento. En un contexto en el que el PNV y EH Bildu apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez, denuncian que se trata de un pacto de "presos por presupuestos".

"No los quieren cerca, los quieren libres", sostienen, advirtiendo de la posibilidad --como ya ocurre con Cataluña, también con competencias en prisiones cedidas-- de que desde el Gobierno vasco se facilite la progresiones al tercer grado y medidas a favor de la excarcelación de los condenados por terrorismo.

De hecho, en la reciente polémica por el acto a favor de presos como Henri Parot, la plataforma SARE lo que pedía es poner fin a lo que ellos llaman "cadena perpetua" o "política de excepción".

UNOS 1.300 PRESOS Y 700 FUNCIONARIOS

Las tres cárceles vascas, Basauri, Zaballa y Martutene, suman alrededor de 1.300 reclusos y 700 trabajadores penitenciarios. A principios de septiembre, ACAIP-UGT --sindicato mayoritario-- acusó al Gobierno vasco de "falta de previsión" ante el inminente traspaso y alertó que la mitad de la plantilla podría acogerse al concurso de traslados para no abandonar la Administración central.

En la radiografía que hizo este sindicato destacaba que Euskadi no contaba con centros de inserción social para atender a las necesidades de internos en semilibertad y el problema añadido de que el 30% de las plazas de personal laboral estaba sin cubrir, a lo que se suma el envejecimiento de la plantilla.

Por el reciente Día de la Merced, festividad de Instituciones Penitenciarias, las autoridades vascas rindieron homenaje a las víctimas del terrorismo --también hicieron lo propio en respuesta al acto por Henri Parot convocado en el Centro Memorial de Vitoria-- y recordaron que la competencia en esta materia figura en el Estatuto de Autonomía de 1979. También se puso en valor la sintonía entre administraciones central y vasca, así como la "profesionalidad" de los trabajadores.

APOYO DE MARLASKA Y POSICIÓN DEL PP

En sus comparecencias públicas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que los jueces de la Audiencia Nacional siguen supervisando los casos de condenados por terrorismo de ETA, una competencia que es "intransferible". "La política penitenciaria es una competencia exclusiva del Estado; lo único que se transfiere es la gestión del día a día", ha defendido.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, se mostró partidario de reformar el Estatuto de Gernika y de transferir a Euskadi la competencia sobre la gestión de las prisiones, aunque precisando que su partido está "en las antípodas" de quien pretende utilizar estas cuestiones para "romper con España" o para garantizar una estancia "de lujo" a los presos de ETA.

Iturgaiz aseguró en rueda de prensa el pasado 6 de septiembre que su partido "nunca ha dicho que no" a la cesión de prisiones. "Claro que está dentro de las transferencias que tienen que llegar", comentó, añadiendo que a lo que se oponen es a que ocurra como con la cárcel catalana de Lledoners y el trato dispensado a los dirigentes independentistas cuando encarcelados por el referéndum del 1-O hasta ser indultados.