Los ministros están de acuerdo en la necesidad de un nuevo sistema de sanciones que sea "más automático", según ha explicado el presidente permanente del Consejo, Herman Van Rompuy, en un comunicado, y que para tumbar los castigos propuestos por la Comisión sea necesaria una mayoría de "reverso".   

Sin embargo, fuentes diplomáticas han explicado que persisten las diferencias sobre si esa mayoría debe ser simple, como defienden Francia, España y otros países del sur, o una mayoría cualificada, como piden los países del norte, entre ellos Alemania.   

Los ministros tampoco han logrado consensuar la lista de indicadores para vigilar a países con problemas de competitividad y detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea.  

  Sí ha habido un "amplio nivel de convergencia", en palabras de Van Rompuy, respecto a la necesidad de conceder "mucha más atención a la deuda" y de que si los niveles de deuda son más elevados, el ajuste se realice también de manera más rápida.    Se trata de la segunda ocasión en que el grupo de trabajo se reúne este mes para tratar de concretar la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y también se ha cerrado sin acuerdos concretos.   

La próxima cita tendrá lugar en Luxemburgo coincidiendo con el consejo de ministros de Finanzas de la UE y será el último encuentro antes de que el presidente permanente presente a finales de ese mes el informe definitivo a los jefes de Estado y de Gobierno.  

  El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, por su parte, presentará el próximo miércoles, 29 de septiembre, las propuestas legislativas del Ejecutivo comunitario para aplicar los nuevos castigos y este lunes ha dicho que confía en que entren en vigor ya en 2011.

   Por lo que se refiere a las sanciones, la Comisión ha propuesto congelar los fondos estructurales e incluso las ayudas agrícolas y pesqueras a los Estados que superen el umbral del 3% de déficit público. Bruselas quiere además que los castigos se activen más pronto, antes incluso de que un país llegue al 3%, y que sean casi automáticos, es decir, que se apliquen cuando el Ejecutivo comunitario los proponga salvo que una mayoría de Estados miembros los bloquee, lo cual revertiría el proceso actual.

   Alemania y el Banco Central Europeo (BCE) van más allá y reclaman la suspensión temporal del derecho de voto en los Consejos de ministros de la UE, algo que sólo es posible modificando los Tratados.  

  Sin embargo, la ligera mejora de la situación económica ha enfriado el ímpetu reformador y los diferentes países se han atrincherado en la defensa de sus posiciones, bloqueando la negociación.   

La última reunión de ministros de Economía consagrada a la reforma del Pacto, celebrada el pasado 6 de septiembre, acabó sin ningún acuerdo y algunos países pidieron una prórroga en el plazo de octubre para dar tiempo a negociar. Van Rompuy mantiene su objetivo de lograr un acuerdo a finales de octubre, aunque admitirá continuar los trabajos si una mayoría de países apoya reformar los Tratados.   

España, que es el segundo país receptor de fondos estructurales sólo por detrás de Polonia, rechaza que se congelen estas ayudas a los países con déficit excesivo y únicamente acepta que se impongan multas a los países incumplidores.

   Los países de la ampliación también están en contra de la congelación de los fondos estructurales por considerar que afectaría de manera desproporcionada a los países más pobres y agravaría su situación. También hay problemas jurídicos para aplicar estos cambios antes de que se apruebe el presupuesto comunitario para el periodo posterior a 2013.