El Ministerio de Justicia ahorrará un total de 1.052 millones de euros en 2013 con el recorte a la mitad del número de coches oficiales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, según informaron a Europa Press fuentes del citado Ministerio.

   Esto se traducirá en que sólo dispondrán de vehículo oficial el presidente del Tribunal Supremo, los de las cinco salas con que cuenta este órgano judicial, el presidente de la Audiencia Nacional y el Fiscal General. El resto de vehículos serán los llamados "coches de incidencias", que se utilizan para trasladar personal o documentación de una sede judicial a otra o para las tareas adscritas a estos órganos judiciales.

   De esta forma el número de coches oficiales de estos dos tribunales pasa de los 100 que había a un total de 45, con lo que la minoración prevista en el Presupuesto del Ministerio de Justicia de los gastos de transporte para el próximo ejercicio será de un 43,28 por ciento en lo que respecta a estos órganos judiciales.  

  Los vehículos de incidencias serán poco más de 20 en el caso del Supremo, mientras que en la Audiencia Nacional ascenderán a 17. Sin embargo, en esta última sede, este número será transitorio, ya que ahora son necesarios más vehículos debido a la dispersión de las sedes mientras se desarrollan las obras de la Audiencia Nacional, que se ha vaciado para dar paso a la remodelación prevista, que durará hasta 2014.

   En concreto, habrá 23 coches oficiales al servicio del Tribunal Supremo, de los cuales cinco serán de representación y otros 18 de incidencias. La Audiencia Nacional dispondrá de 17 vehículos, todos ellos para incidencias.  

  Por su parte, la Fiscalía General del Estado contará con cinco coches oficiales, dos de ellos de representación y tres de incidencias. El Ministerio del Interior se encarga del transporte de los cargos que han mantenido su escolta, como es el caso del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.  

  Este es el reflejo en las cuentas del Miniterio de Justicia de 2013 de los cambios que ya comenzaron a hacerse efectivos durante este año. La reducción de los coches oficiales se inició en junio en la Audiencia Nacional coincidiendo con la retirada de los escoltas a la práctica totalidad de miembros de la Sala de lo Penal, a los jueces instructores y a los integrantes de la Fiscalía.  

  En la actualidad, según fuentes del tribunal, únicamente disponen de coche con escolta el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el fiscal-jefe Anticorrupción, Antonio Salinas; y el fiscal-jefe Antidroga, José Ramón Noreña. Y el coste de estos depende del Ministerio del Interior.  

  El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, renunció a este servicio en solidaridad con sus compañeros a los que se les retiró la protección y el coche oficial.

  El resto de vehículos son coches de incidencia sin escolta y con conductores del parque móvil ministerial que utilizan los magistrados de la Sala de lo Penal y la representación del Ministerio Público en la Audiencia Nacional para realizar traslados entre los distintos edificios del tribunal y la sede para macrojuicios situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.