Mamberti ha indicado en una entrevista a la Radio Vaticana que esta dimensión de la libertad religiosa "corresponde a la naturaleza esencialmente social tanto de la persona como del fenómeno religioso en general" por lo que la Iglesia "no exige que las comunidades religiosas sean "zonas sin ley" sino que se reconozcan como "espacios de libertad" en virtud del derecho a la libertad religiosa, en el respeto del orden público justo".  

  Además, ha añadido que "esta doctrina no se limita a la Iglesia Católica" sino que los criterios "se basan en la justicia y, por consiguiente, son de aplicación general".  

  Por otro lado, ha recordado que la Misión de la Santa Sede ante el Consejo de Europa publicó una nota sobre la libertad y la autonomía institucional de la Iglesia recientemente en la que examinaba la cuestión de la libertad de la Iglesia en sus relaciones con las autoridades civiles sobre las causas Sindicatul "Pastorul cel Bun" contra Rumania y Martínez Fernández contra España.

   En estos casos, según ha indicado, "el Tribunal Europeo debe decidir si la autoridad civil ha respetado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al negarse a reconocer a un sindicato de sacerdotes (en el caso rumano), y rechazando el nombramiento de un profesor de religión que sostiene públicamente posiciones contrarias a la doctrina de la Iglesia (en el caso español)". En ambos, a su juicio, "los derechos a la libertad de asociación y la libertad de expresión son invocados para obligar a las comunidades religiosas a actuar en contra de su estatuto canónico y del magisterio".   

 Asimismo, ha subrayado que "estos casos llaman a la libertad de la Iglesia para funcionar según sus propias reglas, de no estar sujeta a otras normas civiles que las necesarias para el respeto del bien común y del orden público justo" y ha indicado que "la Iglesia siempre ha tenido que defenderse para preservar su autonomía frente a la autoridad civil y las ideologías".  

  Concretamente, ha señalado que "hoy en día, un problema importante en los países occidentales es saber cómo la cultura dominante, fuertemente marcada por el individualismo materialista y el relativismo, puede comprender y respetar la naturaleza inherente de la Iglesia, que es una comunidad basada en la fe y la razón".

   Ante esta situación, ha precisado que "la Iglesia es consciente de la dificultad de determinar, en una sociedad pluralista, la relación entre las autoridades civiles y las diversas comunidades religiosas con respecto a las exigencias de la cohesión social y el bien común".

   Finalmente, ha destacado que "el principio jurídico de la autonomía institucional de las comunidades religiosas es ampliamente reconocido por los Estados que respetan la libertad religiosa y el derecho internacional" por lo que "es útil recordar y defender este principio de la autonomía de la Iglesia y el poder civil".