El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido en su última reunión suspender el impuesto sobre depósitos bancarios que el Gobierno del Principado había aprobado en su ley de presupuestos regionales para 2013. El Principado tenía previsto recaudar unos 30 millones de euros por este concepto.  

  A través de una providencia, el TC ha admitido así a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central contra el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito, incluido en el artículo 41 de la ley de presupuestos generales para Asturias de 2013.

   El Tribunal ha dado traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno del Principado y a la Junta General del Principado, que tendrán a partir de ahora un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

   La suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados se producirá desde la fecha de interposición del recurso, el 1 de febrero de 2013, para las partes del proceso, y desde el día en que parezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

   El impuesto asturiano sobre la banca no es el único que ha sufrido tal suerte. También el Tribunal Constitucional decidió suspender un impuesto similar aprobado en Cataluña por decreto. El Gobierno central también lo había recurrido al entender que las autonomías no tienen capacidad para fijar un impuesto a los depósitos bancarios.

ENTRADA EN VIGOR   

Mientras se estaba tramitando en Asturias la ley de presupuestos regionales para 2013, incluido este impuesto sobre los depósitos bancarios, llegaba al Principado la noticia de que el PP había planteado, vía enmienda en el Senado, una modificación de los Presupuestos Generales del Estado que incluía un impuesto sobre el mismo hecho impositivo, pero con una tasa cero. Ya entonces el Gobierno central advirtió que recurriría al Constitucional si Asturias insistía.  

  A pesar de todo, el Gobierno del Principado decidió seguir adelante con su tributo y no lo retiró del articulado. Sin embargo, sí realizó una modificación en relación a la entrada en vigor del impuesto. En principio, se establecía como fecha de inicio el 1 de enero de 2013.

   No obstante, el PSOE decidió cambiar esa fecha por medio de una enmienda que finalmente salió adelante. Todo el proyecto fue aprobado  con el apoyo de IU y UPyD. De esta forma, se establecía como fecha para la entrada en vigor del impuesto el 30 de diciembre de 2012. Es decir, antes de que entrase en vigor el impuesto estatal.   

Según señaló el portavoz socialista Fernando Lastra en la rueda de prensa en la que anunció este cambio, Asturias conseguía así estar mejor preparada a la hora de debatir su legitimidad política y capacidad normativa para poner en marcha un impuesto de estas características.