La Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo ha acordado este viernes una medida cautelarísima en la que ordena a la Junta Electoral Central (JEC) y al Ministerio del Interior que tomen las medidas necesarias para que este domingo puedan votar los policías que están desplazados a Cataluña y que no pudieron solicitar el voto por correo en plazo, una situación "marcadamente excepcional", según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El plazo para solicitar el voto por correo terminó el pasado 31 de octubre, de modo que muchos policías se han encontrado con que se les han ordenado su despliegue en Cataluña y no van a poder estar en su lugar de residencia el próximo domingo, así que no podrán votar. Ante la reclamación de organizaciones sindicales de la Policía Nacional a la JEC para que remediase la situación y la respuesta negativa que obtuvieron, el colectivo Jupol se dirigió al Supremo pidiendo medidas cautelares.

La Sala considera que "la inminencia de la celebración de las elecciones justifica la adopción de una medida cautelarísima" e impone como solución que la JEC establezca un procedimiento de solicitud de voto por correo en las delegaciones del Gobierno en Cataluña, en cada una de las provincias en las que estén destacados los agentes, y el Ministerio del Interior adopte las medidas pertinentes desplazando a todos los empleados de Correos que sean necesarios.

Los magistrados establecen además que se amplíe el plazo de emisión de voto por correo en estos casos hasta el 10 de noviembre incluido y plazo para su escrutinio, hasta el día 13, garantizando en todo caso que no haya supuestos de doble emisión de votos. La medida sólo afecta a los agentes trasladados después del 31 de octubre sin que se les hubiera avisado con antelación.

LA JEC SE ESCUDABA EN LA LOREG

El pasado 6 de noviembre, la JEC rechazó adoptar este tipo de medidas porque entendía que "la única posibilidad de que ese voto pudiese computarse exigiría una modificación del procedimiento del voto por correo" establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), para lo cual decía que carecía de "habilitación legal".

Consideraba que "la prórroga del plazo para solicitar el voto por correo en este momento, dada la cercanía del día de la votación, haría completamente inviable que ese voto pudiese llegar en plazo para poder ser escrutado por las mesas electorales".

Sin embargo, y a sólo dos días de que se celebren elecciones generales, el Supremo ha emitido un auto en el que opina que sí pueden adoptarse medidas, ya que aunque "no le corresponde sustituir a la administración electoral en su ejercicio", sí puede "arbitrar criterios que tendrá que seguir la JEC para facilitar que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado destacados en Cataluña puedan ejercer su derecho a voto".

"El respeto absoluto al procedimiento del voto por correo no es suficiente para esta Sala, cuando la LOREG prevé especialidades que por analogía han de ser consideradas aplicables al caso", remarcan los magistrados.

Alta participación en las elecciones entre los

3.000 militares en misiones en el exterior

El Ministerio de Defensa ha gestionado el voto por correo de un total de 3.137 miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran desplegados en misiones internacionales y embarcados en buques de la Armada.

España participa en una veintena de operaciones en el exterior, en las que hay desplegados casi 3.000 militares. Sin embargo, son más los votos por correo gestionados por Defensa debido a las rotaciones entre unidades o desplazamientos puntuales.

La documentación electoral, recogida en las Delegaciones y Subdelegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, fue entregada por el Ministerio de Defensa a sus destinatarios en 26 lugares diferentes del mundo (16 zonas de Operaciones y 10 buques de la Armada).

Una vez emitidos los votos se trajeron de regreso a España para su entrega certificada en Correos antes del día 8 de noviembre, fecha límite en la que expira el plazo para su envío.