El tema ha llegado al Supremo después de un largo recorrido por tribunales inferiores que comenzó en 2016 para conseguir que dichos preceptos del Código Penal, que data de la era colonial, fueran declarados inconstitucionales, según informa el diario keniano 'The Daily Nation'.

Eric Gitari, entonces presidente de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC), presentó la primera demanda. Otras dos ONG, la Coalición de Gays y Lesbianas de Kenia (GALCK) y la Red de Nyanza, el Valle del Rift y Kenia Occidental (NYARWEK), se le sumaron después.

El Tribunal Supremo acumuló las dos demandas y se las remitió a un panel de tres magistrados para que determinaran si, tal y como argumentan las tres organizaciones, los artículos 162 y 165 del Código Penal vulneran los derechos a la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana, la salud, la intimidad y la seguridad de la comunidad LGTBI.

Estos dos artículos sancionan el sexo entre hombres con hasta cinco años de cárcel y las relaciones sexuales "en contra del orden natural" y la zoofilia --que aparecen en el mismo precepto-- con hasta catorce años.

"Las leyes antihomosexuales de Kenia son una reliquia colonial", ha dicho Human Rights Watch (HRW), indicando que en los últimos diez años solo se ha procesado a cuatro personas por estos delitos. "Pero sirven de base para un amplio catálogo de abusos de los Derechos Humanos", ha indicado la ONG.

Según Human Rights Watch, la Policía keniana usa estas normas penales como pretexto para acosar y obtener dinero y sexo de las personas LGTBI, a las que también se priva de servicios básicos y se discrimina en la obtención de trabajo o vivienda.

"Hemos concluido que las provisiones (legales) no ofenden los derechos (de los homosexuales) a la dignidad y a la intimidad (...) No son inconstitucionales", ha anunciado la magistrada Roselyne Aburili, en nombre de sus otros dos compañeros.

LA ONU, "DECEPCIONADA"

El nuevo presidente de la NGLHRC, Njeri Gateru, ha anunciado que llevarán este fallo a la corte de apelaciones. "Kenia ha perdido la oportunidad de adoptar una postura firme contra la discriminación", ha lamentado, en declaraciones recogidas por HRW.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha declarado "decepcionada" porque "criminalizar actos que conciernen a ciertos individuos basándose en quiénes son y a quién aman es inherentemente discriminatorio".

"Envía además una peligrosa señal a la sociedad alentando la hostilidad e incluso la violencia contra las personas LGTBI", ha dicho Bachelet. "Mi mensaje al pueblo keniano es que luche por una mayor igualdad para todos, que no se rindan. Naciones Unidas está con vosotros y se suma a vuestras demandas de dignidad e igualdad", ha afirmado.

"UN PASO ATRÁS"

En la misma línea, Neela Ghoshal, activista LGTBI e investigador de HRW, ha acusado al Tribunal Supremo de Kenia de "relegar a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales a la categoría de ciudadanos de segunda clase", al tiempo que ha confiado en el éxito de la apelación.

HRW ha considerado que se trata de "un paso atrás" que "es especialmente decepcionante a la luz de los avances que se han conseguido en África y en todo el mundo" en este ámbito. En los últimos años, Angola, Lesoto, Mozambique, Seychelles y Santo Tomé y Príncipe han renunciado a sus leyes antihomosexuales.

"Creo que al final la Justicia prevalecerá en Kenia, como en otras partes del mundo donde se ha despenalizado la conducta homosexual, pero hasta entonces los kenianos LGTBI seguirán pagando el precio de la indiferencia del Estado ante la desigualdad", ha subrayado el presidente de la NGLHRC.

El presidente keniano, Uhuru Kenyatta, se ha mostrado ambiguo en lo tocante a los derechos de la comunidad LGTBI. Ha defendido que "no son un tema" de Derechos Humanos, sino relativo a "nuestra cultura", aunque también ha dicho que no quiere una "caza de brujas"