El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ha informado en un comunicado de que Enríquez, que ha visitado la residencia del embajador de Chile en Caracas, ha recibido el estatus de "huésped".

"El señor Enríquez ha solicitado la protección de Chile fundado en diversas circunstancias políticas. Nuestro país actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior", ha indicado la Cancillería.

Esta misma semana, el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció que Enríquez, que también es vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), había sido detenido y que iba a ser sometido a un juicio militar.

COPEI había denunciado previamente la incomunicación del presidente del partido, si bien su secretario general, Robert García, nunca pudo confirmar que se tratara de una detención.

Este mismo miércoles, García ha agradecido a Chile por "brindar protección" a Enríquez, "perseguido" desde el pasado domingo. "Gracias a la presidenta (de Chile), Michelle Bachelet, por recibir en la residencia oficial de Caracas al presidente de COPEI", ha señalado el secretario general a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

El embajador chileno en Caracas se encuentra actualmente en Chile, después que el pasado jueves por la noche el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, lo llamara a consultas después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano anunciara que asumía las competencias del Parlamento, decisión que fue anulada días después.

El ministro de Exteriores de Chile ha confirmado que si

lo pide se lo concederá

El ministro de Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, ha confirmado este jueves que el líder opositor venezolano Roberto Enríquez se ha refugiado en la Embajada en Caracas para solicitar protección por la situación política en Venezuela y ha avanzado que, aunque no ha solicitado asilo, si lo hace se le concederá.

Muñoz ha indicado, en declaraciones a la prensa desde Buenos Aires, que Enríquez, presidente del partido opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), "ha solicitado la protección de la Embajada de Chile" y "ha ingresado como huésped".

"Por ahora, no ha solicitado asilo", ha aclarado. Sin embargo, ha anticipado que, si lo hace, se le otorgará, "porque Chile no califica inocencia o culpabilidad, no califica incluso las condiciones políticas, sino que el acto de concesión es una acción humanitaria".

"Él siente que hay situaciones políticas que lo afectan y Chile tiene una larga tradición humanitaria, de modo que actuaremos en ese sentido", aunque para ello --ha precisado-- "necesitaría un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Venezuela".

Muñoz ha descartado que este caso pueda perjudicar las relaciones bilaterales. "Esta es una larga tradición, no tiene por qué tensionar cuando se ejerce un derecho que compete al país receptor. Esto no es nuevo en América Latina", ha esgrimido.

Los hechos se han precipitado esta semana, cuando el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a Enríquez en su programa de televisión de conspirar para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

El director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, alertó de que Enríquez, que también es vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), había sido detenido y que iba a ser sometido a un juicio militar.

COPEI había denunciado previamente la incomunicación del presidente de la formación política, si bien su secretario general, Robert García, nunca pudo confirmar que se tratara de una detención.

García ha dado las gracias a Chile por "brindar protección" a Enríquez, "perseguido" desde el domingo. "Gracias a la presidenta (de Chile), Michelle Bachelet, por recibir en la residencia oficial de Caracas al presidente de COPEI", ha escrito en Twitter.

El embajador chileno en Caracas se encuentra en Santiago desde hace una semana, después de que Muñoz lo llamara a consultas en respuesta a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que arrebataban los poderes al Parlamento y la inmunidad a los diputados.

Aunque el TSJ ha dado marcha atrás, por orden expresa del Gobierno, dichas sentencias han desatado una nueva crisis institucional que la oposición venezolana y la mayoría de los países de la región califican de "golpe de Estado".