Este es el objetivo de la iniciativa que ha registrado en el Congreso para que sea la Cámara la que inste al Ejecutivo a proceder a esa condena suscribiendo la resolución que, sobre esta cuestión, aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2019, así como a adoptar las medidas contempladas en la misma "mediante su incorporación a la legislación vigente española sobre memoria histórica o democrática y a los cambios que en ella se planteen en un futuro".

Aquel texto, que se aprobó por con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, defiende que, mientras los crímenes nazis fueron evaluados y castigados en los juicios de Nuremberg, todavía sigue "existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos".

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP destaca que la resolución de la Eurocámara es "histórica" porque "corrige definitivamente la diferenciación que algunas instituciones y líderes europeos han realizado tradicionalmente entre unos totalitarismos y otros", condenando en muchos casos solo los fascistas, pero "justificando u olvidando" a los comunistas.

CRÍMENES COMUNISTAS EN LA REPÚBLICA

"Se trata de un problema que afecta igualmente a nuestro país, en el que hemos condenado reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas, pero, sin embargo, no hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas tanto en la República como en la Guerra Civil", reza la proposición no de ley.

Es más, el PP remarca, aunque sin citarles, que hay "miembros del actual Gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria" e incide en que "una memoria auténticamente democrática debe condenar todos los totalitarismos". "Nuestra Memoria debe incluir la condena del fascismo y del comunismo, y de todos los crímenes cometidos en sus nombres", aduce.

En este sentido, los de Pablo Casado demandan que España "adopte medidas que den cumplimiento a las declaraciones contenidas en la resolución del Parlamento Europeo" y que las "haga extensivas al tratamiento que se le da a la banda terrorista ETA y a sus herederos políticos" por estar, sostiene, "inspirados en buena medida por el comunismo".

Por tanto, el marco normativo de encaje y cumplimiento de esta Resolución es clara, en el ámbito de la memoria histórica o democrática como política de Estado