En la moción, defendida por el senador del PP por Palencia José Antonio Rubio Mielgo, se insta al Ejecutivo a abordar la transición energética desde tres ámbitos: el cumplimiento de los compromisos medioambientales, el menor coste energético para familias y empresas y la estabilidad y seguridad del suministro.

Asimismo, Rubio Mielgo reprochó al PSOE que vote en contra de la iniciativa, "a pesar de haber aceptado tres de las cuatro enmiendas que ha presentado este partido".

"El PSOE ha demostrado una vez más su incongruencia y su falta de criterio a la hora de defender los intereses de los castellanoleoneses y del medio rural de nuestra comunidad", indicó.

El senador también recalcó que es necesario que el Gobierno defienda los pagos por capacidad para las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, informó el PP en un comunicado.

FINAL DEL CARBÓN A 2030.

Para ello, consideró que el Gobierno debe alinearse con lo decidido en el marco europeo y llevar el posible objetivo de fin de generación térmica con carbón a 2030.

De esta manera, afirmó que en la actualidad el carbón representa un 30% de la producción de electricidad total de la Unión Europea, por lo que debería seguir ocupando un puesto esencial en las fuentes de energía utilizadas. Pero esto, ha dicho, debe ser compatible con el propósito de la UE de disminuir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95%.

Además, el senador del grupo popular recordó que en Castilla y León existen ocho grupos térmicos repartidos en las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla del Río Carrión y ha destacado que, en Europa, países como Alemania y Polonia están apostando por la construcción de nuevas centrales de carbón en la que los avances tecnológicos aportan sistemas de captura y almacenamiento de CO2, sistemas que pueden adaptarse en las centrales existentes de forma progresiva.

"El interés general de España y del ciudadano en cuanto a consumidor de energía implica que el carbón tiene que tener su espacio y formar parte del 'mix' energético nacional, asegurando al menos hasta 2030 el funcionamiento de los grupos térmicos existentes", recalcó.

IMPEDIR EL CIERRE DE CENTRALES.

En el texto, el PP también pide al Gobierno que modifique los criterios de autorización del cierre de instalaciones de generación de modo que puedan impedirse cierres como el de la central de Velilla, propiedad de Iberdrola, que en noviembre de 2017 solicitó al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo el permiso para su clausura.

Asimismo, la moción solicita que se establezca, por razones estratégicas, un procedimiento de devolución de las ayudas cobradas desde 2011, que permita la continuidad de las explotaciones rentables que pretenden continuar operativas desde el 1 de enero de 2019.

Por último, la moción insta a poner en marcha de forma urgente un plan de reindustrialización de los municipios afectados con el objetivo de que se puedan reabsorber los puestos de trabajos que se pierdan con el cierre de las centrales térmicas.