El debate es posterior a un proyecto de ley aprobado el viernes que destituirá a los actuales miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), uno de los principales órganos judiciales de Polonia y cuyos miembros son nombrados por el presidente del órgano, y facultará al Parlamento para elegir 15 de sus 25 miembros. La medida proporcionará el control efectivo al gobernante Partido de la Ley y Justicia (PiS) sobre el Poder Judicial porque cuenta con una amplia mayoría parlamentaria.

Tras su elección en 2015, el PiS ha implementado medidas que han sido criticadas por la Unión Europea por socavar las libertades civiles y de los medios de comunicación. El Gobierno ha justificado que sus reformas harán ganar eficacia a los tribunales.

El edificio del Parlamento lleva acordonado desde el domingo, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar contra las medidas. Un grupo reducido de manifestantes ha pedido a los diputados que se nieguen a mantener el debate y parlamentarios de la oposición han gritado "cobardes, cobardes" al inicio del pleno.

LA SEPARACIÓN DE PODERES

El proyecto de ley se enfrenta a la oposición en las calles y en el propio Parlamento, que critican que las nuevas propuestas no garantizan la separación de poderes constitucionales. La Unión Europea ha abierto un expediente a Polonia por las últimas reformas, que pondrían en riesgo el Estado de Derecho en este país.

El PiS defiende su legitimidad para reformar el Poder Judicial a un sistema más eficiente y responsable. Desde que asumiera la presidencia en 2015, ha modificado el Tribunal Constitucional y dado mayor poder de control al Ministerio de Justicia sobre la Fiscalía General.

Una de las mayores crisis políticas de Polonia tuvo lugar en diciembre de 2016 cuando los líderes de los principales partidos de la oposición bloquearon durante un mes la votación de los presupuestos en protesta por los planes del PiS de impedir el acceso de los medios de comunicación al Parlamento.

A modo simbólico, Pawel Olszewski, miembro del principal partido de la oposición polaca, Plataforma Cívica, ha pedido unos minutos de silencio después de la votación del debate de este martes "porque en este día 18 de julio nuestra democracia está muriendo de facto".

La Eurocámara traslada a Polonia el temor a

que la reforma judicial dañe el Estado de

Derecho

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha trasladado este martes al presidente de Polonia, Andrzej Duda, la "gran preocupación" de la institución europea por el daño que la reforma judicial que ultima el Gobierno polaco pueda hacer al Estado de Derecho y las libertades en este país.

"La legislación ha creado gran preocupación en el Parlamento Europeo porque puede ir en contra de los principios fundamentales de los Tratados de la UE, debilitar la independencia e imparcialidad de la judicatura polaca y minar la separación de poderes", dice Tajani en su carta a Duda.

La llamada a Polonia para que respete el Estado de Derecho y los valores de la Unión Europea está respaldada por la mayoría de los partidos políticos con representación en la Eurocámara, que la víspera pidieron también por carta al presidente de la institución un gesto contundente hacia Varsovia antes de que este martes se iniciara el debate parlamentario sobre la polémica reforma.

"Debemos dejar claro que la adopción de estas leyes tendrá consecuencias, porque no son leyes compatibles con los Tratados de la UE y la pertenencia a la UE", pidieron los presidentes del PPE, Manfred Weber; de los Socialistas y Demócratas (S&D), Gianni Pittella; de los Liberales (ALDE), Guy Verhofstadt; Izquierda Unitaria (IU), Gabi Zimmer; y de Los Verdes, Philippe Lamberts y Ska Keller.

La preocupación que Tajani ha querido trasladar a Duda, para pedirle que medie con el Gobierno ultraconservador de Beata Szydlo, se refiere a la tramitación de varios proyectos de ley, por los que todos los jueces serían reemplazados, excepto los elegidos por el ministro de Justicia, y se daría a la Cámara más poder de decisión en el nombramiento de los magistrados.

Las tensiones entre la Unión Europea y el Gobierno ultraconservador se mantienen desde hace un año, cuando la Comisión Europea dio el primer paso en el expediente abierto a Polonia por vulnerar el Estado de derecho con varias polémicas reformas.

Bruselas apuesta por agotar la vía del diálogo y se resiste a dar el paso para activar el artículo 7 del Tratado de la UE, que, en última instancia, llevaría a suspender el derecho a voto de Polonia en el Consejo Europeo, si se constata una "violación grave" del Estado de Derecho en ese país.

El temor a que la activación de este mecanismo de "último recurso" provocara tal ruptura con el Estado miembro que llevara a una nueva salida de la UE y la falta de interlocutores con Varsovia, cuyo partido en el Gobierno (PiS) no pertenece a ninguna gran familia política en la UE, frena a las instituciones, a pesar de que la deriva polaca se ha discutido ya tanto a Veintiocho como en el seno de la Comisión.

La última reforma en curso, de hecho, será motivo de debate este miércoles en el Colegio de Comisarios, que observa con "preocupación" la tramitación de la legislación que afecta a la judicatura y discutirá los "pasos a seguir", según ha adelantado un portavoz comunitario.

La discusión del jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, con su colegio de comisarios, sin embargo, no llevará a la toma de ninguna decisión este miércoles. "La Comisión tiene una panoplia de medidas para afrontar la situación", ha asegurado el portavoz de Juncker, Margaritis Schinas, sin dar más detalles.