El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto en el que se declara incompetente para resolver sobre la petición de reducción, a 449.500 euros, de la fianza civil de 2,7 millones que pesa sobre la Infanta Cristina, de modo que sea la Audiencia Provincial de Baleares la que decida al respecto.

   La defensa de la la hermana del Rey Felipe VI cursó esta solicitud al considerar "manifiestamente injustificada" la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, "en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle". La Fiscalía Anticorrupción se adhirió a su petición.

   Tal y como Castro alega en su resolución, la competencia que su Juzgado aún conserva sobre las fianzas de responsabilidad civil impuestas en la causa "es puramente residual" y circunscrita a la ejecución de lo acordado, "no a su modificación".

   "No es que a la representación procesal de Doña Cristina, al igual que a los demás acusados, no le asista el derecho a solicitar reducción de fianza", sino "simplemente que no tratándose de ningún recurso" para aclarar la fianza, para lo cual él sería competente, debe declinarse en favor del tribunal que juzgará la causa, el de la Sección Primera, precisa Castro.

   Cabe recordar que el  magistrado remitió la pasada semana a la Audiencia, de cara a su enjuiciamiento, los más de cien tomos y 76.000 folios que conforman el caso Nóos. Hasta 18 personas se sentarán en el banquillo de los acusados, entre quienes se encuentran la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, además de empresarios y exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

   El tribunal que enjuiciará la causa estará formado por su presidente, Juan Pedro Yllanes, Eleonor Moyà, y la magistrada que -por turno de reparto entre diez magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia- ha sido designada ponente y quien será la encargada de redactar la sentencia, Samantha Romero. El mismo tribunal fijará más adelante la fecha para la celebración de la vista oral.

   En lo que a la fianza de responsabilidad civil se refiere, la Duquesa de Palma abonó en su día 587.413 euros, por lo que le restarían por pagar 2,1 en caso de que se mantuviera la cantidad de 2,7 millones decretada.

   La cifra supone la mitad del más de un millón de euros de los que de forma presuntamente irregular se nutrió Aizoon, sociedad de la que la Infanta y Urdangarin son propietarios al 50 por ciento, de la trama de presunto desvío de fondos públicos urdida en torno al Instituto Nóos.