El Gobierno devolvió a Bolivia, por considerar que no estaba suficientemente fundamentada, la comisión rogatoria que enviaron sus autoridades para citar como testigos por los incidentes en la Embajada de México en La Paz al vicepresidente Pablo Iglesias, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón y el exjuez Baltasar Garzón.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno señala que "devolvió la comisión rogatoria a la Autoridad Central boliviana solicitando que se fundamentara adicionalmente la conexión" de esas personas con los sucesos del 27 de diciembre.

"Se estimó que en la comisión rogatoria recibida originalmente dichos nexos no tenían la fundamentación necesaria", detalla el Ejecutivo a una pregunta del PP en la que añade que "no tiene ninguna preocupación" por esa solicitud de asistencia judicial.

El incidente en cuestión tuvo lugar cuando dos diplomáticos españoles en La Paz visitaron a la embajadora de México, María Teresa Mercado, que había dado asilo a varias personas afines al expresidente Evo Morales en esa primera etapa del Gobierno provisional de Jeanine Áñez.

A su salida, se encontraron con que las fuerzas de seguridad bolivianas no les permitían salir y solo tras varias gestiones pudieron hacerlo en un coche enviado por la canciller boliviana. El Gobierno de Áñez sospechaba que los diplomáticos españoles querían reunirse con los asilados en la Embajada o ayudarlos a salir y el caso derivó en una crisis con la expulsión de los diplomáticos de las respectivas embajadas.

Unos días después, el 4 de enero, los parlamentarios de Vox Hermann Tertsch y Víctor González Coello de Portugal comparecieron junto al entonces ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, que anunció que habían "decidido coordinar esfuerzos" para investigar si Podemos recibió pagos con dinero público boliviano en tiempos de los gobiernos de Evo Morales.

El día 8, el Fiscal General de Bolivia, Juan Lanchipa, anunció el inicio de los trámites para pedir las comparecencias de estos cinco políticos en calidad de testigos, además de un informe sobre los policías españoles implicados en el incidente de diciembre.

Desde entonces, el Gobierno de Bolivia ha cambiado de signo tras las elecciones de octubre y los partidarios de Evo Morales han vuelto al poder, pero el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sigue en su puesto.

TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

En su respuesta al PP, el Ejecutivo no aclara cuándo se recibió ni cuándo se devolvió la comisión rogatoria, solamente que fue "tras el fin del estado de alarma en junio y la subsiguiente reanudación del ritmo ordinario de gestión de las peticiones de asistencia judicial internacional".

El pasado octubre, fuentes diplomáticas explicaron a Europa Press que la competencia del Gobierno en este tipo de solicitudes de cooperación jurídica "se limita a la recepción de la solicitud, comprobación de que reúne los requisitos formales exigidos por el Convenio y su envío a la autoridad judicial competente para su ejecución".

Las fuentes se limitaron a señalar que así se había actuado "también en este caso" y añadieron que, en última instancia, son "las autoridades judiciales las que adoptan las medidas necesarias para dar respuesta a lo solicitado".

La respuesta parlamentaria enviada al PP no menciona expresamente si fue un tribunal quien consideró que a la comisión rogatoria le faltaba fundamentación, solo que el Gobierno la devolvió tras "la reanudación del ritmo ordinario de gestión de las peticiones de asistencia judicial internacional".

El Gobierno dio esta misma respuesta en una pregunta parlamentaria planteada por Vox, que no se dio por satisfecho y volvió a llevar el asunto al Congreso lamentando que el Ejecutivo no aclarase si había remitido o no la comisión rogatoria al tribunal correspondiente. También planteaba que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podía asistir para que se ejecutase la comisión y preguntaba si éste había recibido alguna petición.

La respuesta llegó del Ministerio de Justicia, afirmando que no tiene conocimiento de las solicitudes que pueda recibir el CGPJ de los órganos jurisdiccionales, pero también que ese Departamento "no ha recibido ninguna solicitud de Bolivia" relacionada con ese asunto.