Viernes, 13 de junio de 2025

La participación ronda el 30 por ciento, lejos del umbral mínimo para que la consulta prospere

El Gobierno de Meloni asume como una victoria la baja participación en el referéndum

La consulta, impulsada por sindicatos y la oposición de izquierdas, requería de la participación de al menos la mitad más uno de los electores para que sus resultados fuesen tenidos en cuenta. Sin embargo, en la doble jornada de votación que ha concluido este lunes a las 15.00 horas, apenas han participado el 30 por ciento de los ciudadanos.

El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Maurizio Landini, ha puesto en valor que unos 14 millones de personas han participado en este proceso, en el que ve "un punto de partida" para abordar temas que, según sus propias palabras, siguen sobre la mesa.

"Sabíamos que no sería un paseo por el parque", ha enfatizado Landini, en una comparecencia en la que ha descartado dimitir pese a que la mayoría de las propuestas proceden de su sindicato, informa la agencia de noticias AdnKronos.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cree que el Gobierno sale de esta cita "fortalecido" y que, en cambio, la oposición termina "debilitada". El jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado "satisfecho" en declaraciones a Tg1 por los resultados, después de que el propio Gobierno incitase a sus seguidores a no tomar parte en el proceso.

Tampoco el ministro de Transporte, Matteo Salvini, ha ocultado su satisfacción por lo que considera "una derrota aplastante para la izquierda", a la que acusa no sólo de no tener "credibilidad" sino de que "ni siquiera es capaz de movilizar a sus propios votantes", pese a que ha dicho tener un "gran respeto" por quienes han participado en el proceso.

Salvini ha reiterado su oposición a propuestas como la de obtener la ciudadanía italiana de forma "acelerada", ya que considera un planteamiento "erróneo" la idea de reducir a cinco años el tiempo de residencia para conseguir la nacionalidad.

En el ámbito laboral, los sindicatos planteaban la derogación de la normatiza que permite en caso de despidos ilegales no reincorporar a un empleado si la empresa tiene más de 15 trabajadores o que la indemnización no pueda superar los seis meses de salario.

Además, la batería de propuestas planteaba derogar la norma que impide aplicar las condiciones generales de una empresa a las subcontratas y proteger así a los trabajadores más precarios y modificar la ley para que un empleado de una empresa subcontratada que sufra un accidente laboral pueda reclamar también a la empresa contratante.


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