Desde que arrancó la legislatura, el Gobierno del PP ha comunicado al Congreso su rechazo a tramitar trece proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no había usado esa capacidad de veto ni cuando tenía mayoría absoluta, ni en la pasada legislatura de la primera mitad de año. Hasta ahora, las 115 proposiciones de ley vetadas corresponden a Gobierno socialistas, y el grueso (93 iniciativas) datan de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando su Gobierno empezó a tomar medidas de ajuste para cumplir los compromisos presupuestarios.

LAS INICIATIVAS VETADAS TIENEN UN COSTE DE 5.000 MILLONES

En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras tres que buscan para ampliar la supresión de tasas judiciales, tres más del Grupo Socialista sobre trabajadores subcontratados, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria, dos proposiciones para fomentar el autoconsumo eléctrico (una de Ciudadanos y otra de la Asamblea de Murcia), y otras tres propuestas de parlamentos autonómicos (una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores).

Cada una de estas proposiciones de ley fue objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos. Fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que, si salieran adelante estas leyes, el presupuesto sufriría un aumento extraordinario de más de 5.000 millones de euros, un impacto que sería mucho mayor si se sumaran las consecuencias indirectas de su puesta en marcha.

En el caso de la paralización de la LOMCE, el Gobierno argumenta que, si se detuviera el calendario de aplicación, España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos. En el caso de la supresión de tasas judiciales a ONG's, el Ejecutivo dice que su aprobación causaría una pérdida de recaudación aproximada para el Estado de unos 15 millones de euros.

La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, no está ateniendo los vetos del Gobierno. De momento ya levantó los relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a los trabajadores de subcontratas. Y las otras diez han quedado a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara presentan un informe sobre las posibilidades de actuación.

SEGUNDO CONFLICTO INSTITUCIONAL EN UN AÑO

Paralelamente, el Gobierno presentó un recurso formal de reconsideración ante la Mesa del Congreso para que la Cámara rectifique su negativa a atender los vetos, lo que se interpreta como el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Este martes, la Mesa del Congreso espera tener ya el informe de los letrados para tomar una decisión final sobre si acepta o no la pretensión del Gobierno de parar esas leyes que puedan alterar sus previsiones presupuestarias.

En este proceso de reflexión, desde Moncloa se va a tratar de concienciar a la oposición de los riesgos de abrir un nuevo conflicto entre los dos poderes pues, a diferencia del que se interpuso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario, esta vez sí pueden provocarse perjuicios económicos al Estado.

En el Ejecutivo están convencidos de que el Tribunal Constitucional respaldará sus vetos y puede acabar anulando las leyes que haya aprobado el Parlamento e incluso exigiendo el abono de compensaciones e intereses por la pérdida de ingresos producida.