El proyecto de ley contempla un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, para evitar que las pensiones puedan en lo sucesivo congelarse o incluso rebajarse. Este índice empezará a aplicarse ya en 2014.  

  En concreto, el nuevo índice de revalorización de las pensiones tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medias de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema. Además, aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores.

   Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que con esta norma se pretende que el poder adquisitivo de los pensionistas quede garantizado "de otra manera".   

 Así, ha insistido en que con esta ley "se garantiza" que los pensionistas verán incrementadas sus pensiones al menos un 0,25% en situaciones económicas adversas, mientras que en épocas de bonanza se revalorizarán por encima del IPC. También "se garantiza" con esta norma que los actuales pensionistas cobrarán en el futuro pensiones similares a las de ahora.

   La vicepresidenta ha señalado que el número de pensiones ha crecido en un millón durante la última década y se prevé que en 2040 se superen los 15 millones de pensiones. "Un país serio tiene que plantearse que las pensiones deben garantizarse a medio y largo plazo y eso es lo que hacemos con esta ley", ha destacado.  

  Apenas unas horas antes de su aprobación, el Gobierno conocía el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto. En él, sindicatos, empresarios y organizaciones del tercer sector piden al Ejecutivo que "reconsidere" la nueva fórmula de revalorización, al entender que podría dar lugar a una pérdida de poder adquisitivo en tiempos de crisis que "en principio" no llegará a recuperarse cuando el sistema vuelva a superávit.  

  El factor de sostenibilidad, por su parte, no entrará en vigor hasta finales de la próxima legislatura (2019) y vinculará las pensiones a la demografía, con el objetivo, según el Gobierno, de garantizar que los pensionistas de diferentes generaciones tendrán pensiones similares si realizan contribuciones iguales al sistema.

EMPIEZA EL DIÁLOGO.  

  Tras la aprobación de este texto, el Gobierno abrirá un periodo de diálogo y negociación con los agentes sociales y los grupos políticos. Una vez incorporadas las aportaciones oportunas, el Ejecutivo espera que la ley esté aprobada el 31 de diciembre de este año.

   De hecho, la vicepresidenta ha subrayado que la aprobación del proyecto de ley "no es el fin del diálogo". En este sentido, ha precisado que el Gobierno ha empezado a recibir aportaciones de los sindicatos y de algún grupo parlamentario, y que está a la espera de recibir el resto. El compromiso, ha añadido, es buscar "puntos de encuentro" para sacar adelante esta ley.